A través del Decreto 617/2025, la administración Milei dispuso actualizar los tributos postergados desde enero de 2024 en dos etapas: septiembre con ajuste parcial y octubre con el resto de la actualización por inflación acumulada.
El Gobierno nacional confirmó el aumento escalonado de los impuestos a los combustibles líquidos que impactará directamente en los surtidores a partir de septiembre. A través del Decreto 617/2025 publicado en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei dispuso aplicar la actualización por inflación que venía postergando desde comienzos de 2024, implementando un cronograma en dos etapas para evitar un impacto abrupto en los precios.
Desde el 1° de septiembre y hasta fin de mes, los impuestos se incrementarán parcialmente. Para las naftas, el ajuste será de $10,523 por litro en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y $0,645 por Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). En el caso del gasoil, el aumento será de $8,577 por litro en ICL, $4,644 para el tratamiento diferencial de Patagonia y Malargüe, y $0,978 por IDC.
A partir del 1° de octubre se aplicará el resto de la actualización pendiente, completando así los montos derivados de la inflación acumulada de 2024 y del primer semestre de 2025. Esta segunda etapa representará el ajuste total que corresponde según la Ley 23.966, que establece la actualización trimestral de estos tributos en función del Índice de Precios al Consumidor del INDEC.
Durante más de un año, mediante sucesivas resoluciones, el Gobierno había diferido estos incrementos para evitar mayor presión sobre los precios en un contexto de alta inflación y caída del poder adquisitivo. El Decreto 466/2024, que disponía esta postergación sistemática, quedará derogado sin efecto retroactivo sobre los hechos imponibles perfeccionados hasta el 31 de agosto, lo que había significado un alivio para los automovilistas pero un costo fiscal creciente para el Estado.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo. En sus considerandos, el Poder Ejecutivo argumenta que la decisión responde a la necesidad de «continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible», buscando dar previsibilidad a empresas y consumidores sobre la evolución de los precios de los combustibles.
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