A través del Decreto 647/2025, el Gobierno rechazó por completo la norma que garantizaba recursos para las universidades públicas y recomposición salarial docente.
El presidente Javier Milei vetó en su totalidad el Proyecto de Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente, mediante el Decreto 647/2025 publicado este miércoles 10 de septiembre en el Boletín Oficial. La medida representa un fuerte rechazo a la iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto, que buscaba garantizar el sostenimiento financiero de las universidades públicas en todo el territorio nacional y mejorar las condiciones laborales del sector educativo.
La ley vetada establecía un marco integral para el financiamiento universitario, incluyendo partidas presupuestarias específicas destinadas al programa 26 «Desarrollo de la Educación Superior». Entre sus objetivos centrales figuraban afianzar el ingreso, permanencia y terminalidad estudiantil, asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes, incrementar recursos para tecnología digital, ampliar la oferta de carreras universitarias y promover las funciones de investigación y extensión universitaria. Además, la norma contemplaba programas de bienestar estudiantil e incremento de inversión en becas.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto vetado era la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. La medida establecía que el Poder Ejecutivo debía actualizar al 1 de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento universitarios, considerando la variación acumulada del IPC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024, mecanismo que el Gobierno considera una intromisión en sus facultades para administrar los recursos del Estado.
La decisión presidencial se produce en un contexto de alta tensión entre el Gobierno y el sector universitario, que viene reclamando mayor financiamiento ante los ajustes presupuestarios implementados por la administración libertaria. La medida generará una nueva escalada en el conflicto con las universidades públicas, que habían advertido sobre la posibilidad de retomar las protestas callejeras si se concretaba el veto. El sector educativo argumenta que sin recursos adecuados no puede garantizarse la calidad y accesibilidad de la educación superior pública.
La oposición parlamentaria, que había impulsado la sanción de la ley, ya evalúa realizar una sesión especial para rechazar el veto presidencial. Según fuentes legislativas, la sesión podría realizarse el próximo miércoles, aunque necesitarán reunir los dos tercios de los votos en ambas cámaras para revertir la decisión del Ejecutivo. El veto al financiamiento universitario se suma a otras medidas controvertidas del Gobierno que han generado resistencia en el Congreso y tensiones con diversos sectores sociales, consolidando un escenario de confrontación política en torno a las políticas de ajuste fiscal implementadas por la administración Milei.
