La denuncia sobre un sicario colombiano que habría amenazado al Presidente genera dudas en la oposición, que cuestiona el timing del episodio coincidente con el acto en Córdoba y la crisis política que atraviesa la administración libertaria
El episodio de la supuesta amenaza de muerte contra el presidente Javier Milei desde Colombia despertó suspicacias en sectores de la oposición, que ven en el caso una maniobra del Gobierno nacional para generar un efecto de victimización en medio de la crisis política que atraviesa la administración libertaria. La denuncia, que involucra un video enviado desde Colombia a una diplomática argentina, coincidió estratégicamente con el acto de cierre de campaña en Córdoba, donde Milei apareció usando chaleco antibalas de manera ostensible.
Dirigentes opositores cuestionan varios aspectos del relato oficial: la oportunidad temporal del episodio, la forma en que se difundió la información y la decisión de mantener el acto pese a la «gravedad» de la amenaza. «Es llamativo que justo antes de un evento político importante aparezca una amenaza que permite mostrar al Presidente como víctima», señaló un legislador opositor que prefirió no ser identificado. La estrategia de comunicación gubernamental, que enfatizó la «valentía» de Milei por cumplir con su compromiso público pese al riesgo, también generó suspicacias.
El timing de la revelación de la amenaza coincide con un momento particularmente difícil para el Gobierno, que enfrenta una fuerte crisis cambiaria, el rechazo del Congreso a sus políticas y una creciente oposición social. En este contexto, el episodio del supuesto sicario colombiano aparece como una oportunidad para desviar la atención de los problemas económicos y generar un efecto de «unidad nacional» en torno a la figura presidencial amenazada.
Analistas políticos señalan que el uso de amenazas reales o supuestas para generar simpatía hacia líderes políticos es una táctica conocida en la región. «El manual de la victimización política incluye la magnificación de amenazas o incluso su construcción artificial para generar un efecto de solidaridad», explicó un especialista en comunicación política. La forma en que se manejó la información, con filtraciones controladas a periodistas afines y énfasis en la «heroicidad» del mandatario, refuerza estas sospechas.
Mientras la Justicia investiga la veracidad de la amenaza, la oposición reclama transparencia en el proceso y acceso a la información del caso. «Si la amenaza es real, debe investigarse a fondo, pero si es una operación de prensa, el país tiene derecho a saberlo», manifestó un dirigente de Encuentro Federal. El episodio se suma así a la lista de controversias que rodean al Gobierno de Milei, quien ahora deberá demostrar que la denuncia sobre el sicario colombiano no fue parte de una estrategia de victimización para recuperar apoyo popular en un momento crítico de su gestión.
