Ignacio Martín recuperó la libertad tras cumplir más de dos años y medio de una condena de siete años. Había ejercido ilegalmente la medicina en Río Cuarto durante 2020, firmando certificados y atendiendo pacientes sin título habilitante.
Ignacio Martín, conocido como «el médico trucho del COE», fue liberado después de permanecer más de dos años y medio detenido en Río Cuarto. La Justicia consideró que ya cumplió una parte significativa de su condena de siete años y aceptó una serie de requisitos y condiciones impuestas por la fiscalía para otorgarle la libertad condicional.
Martín había sido condenado en septiembre de 2023 por usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina y defraudación calificada. Durante la pandemia de Covid-19 se hizo pasar por médico mientras integraba el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) provincial, atendiendo pacientes, firmando certificados médicos y supervisando tareas sanitarias sin contar con título habilitante. En el proceso judicial fue desligado del delito de homicidio por dolo eventual que habían solicitado los querellantes tras la muerte de un paciente.
El falso médico había llegado a Río Cuarto en agosto de 2020 como jefe del Centro de Operaciones Tácticas (COT), una división del COE provincial. Durante su estadía no solo participó en acciones contra el coronavirus, sino que realizó guardias para el municipio, prescribió medicamentos e incluso autorizó licencias de conducir, generando un riesgo sanitario considerable en plena emergencia de salud pública.
El engaño fue descubierto en diciembre de 2020 cuando las autoridades detectaron irregularidades en su documentación, aunque el caso salió a la luz pública recién a fines de enero de 2021. Martín fue detenido el 4 de febrero de ese año en la ciudad de Córdoba, iniciándose un proceso judicial que culminó con su condena dos años después. Durante el juicio reconoció que no era médico pero se declaró inocente de las acusaciones más graves.
Con su liberación tras dos años y siete meses de prisión efectiva, Martín deberá cumplir estrictas condiciones establecidas por la fiscalía. El caso expuso serias fallas en los controles de habilitaciones profesionales durante la emergencia sanitaria y generó un fuerte debate sobre la supervisión de quienes ejercen funciones críticas en el sistema de salud pública.
