Tras 15 meses de análisis, el municipio vecino confirma oficialmente lo que habitantes de Alta Gracia denuncian hace años: la pésima gestión de la Cooperativa contamina cursos de agua que afectan a comunidades enteras. APRHI dio un plazo de 15 días para presentar un plan de saneamiento que frene el vertido de líquidos cloacales.
Lo que durante años fue una denuncia recurrente de vecinos altagracienses hoy se convierte en un problema sanitario regional confirmado con datos científicos: la deficiente gestión de la Cooperativa de Obras Sanitarias de Alta Gracia (COSAG) ya no solo afecta a la ciudad que administra, sino que contamina directamente a poblaciones vecinas como Anisacate. El colapso del sistema cloacal y la falta de planificación que arrastra la cooperativa desde hace décadas ahora pone en riesgo la salud de comunidades enteras que dependen de los mismos cursos de agua.
La intendenta de Anisacate, Natalia Contini, reveló que tras 15 meses de monitoreo constante, las muestras del arroyo Chicamtoltina demuestran contaminación en niveles preocupantes. Los análisis, realizados por la bióloga Andrea Bischof desde el Área de Ambiente municipal, confirman que el agua «no es apta para que la comunidad pueda llevar una vida digna y sana, y disfrutar del curso de agua». La situación documenta científicamente lo que los vecinos venían advirtiendo: el vertido de líquidos cloacales sin tratamiento adecuado está envenenando las fuentes hídricas compartidas.
La gravedad del problema llevó a la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) a emitir un ultimátum sin precedentes: tanto la Municipalidad de Alta Gracia como COSAG tienen un plazo de 15 días para presentar un cronograma detallado de obras de saneamiento que impida el vertido de líquidos cloacales fuera de los parámetros permitidos por la normativa ambiental. El organismo provincial reconoce así que el problema ya no puede ser tratado como una cuestión meramente local, sino como una amenaza sanitaria que compromete a toda la región.
El agua contaminada no entiende de límites geográficos ni de jurisdicciones administrativas. Lo que comienza como negligencia en Alta Gracia termina arrastrando a Anisacate, y potencialmente puede afectar a La Bolsa o cualquier otra comunidad situada aguas abajo del mismo sistema hídrico. El impacto ambiental es innegable, pero el impacto social resulta aún más alarmante: familias que dependen de estos cursos de agua para su vida cotidiana ahora enfrentan riesgos concretos para su salud, mientras COSAG acumula años de inacción ante reclamos documentados.
La crisis ya no se limita a los históricos cortes de agua, las cloacas colapsadas o las inundaciones en barrios altagracienses. Estamos ante un problema que cruza fronteras municipales y se transforma en una amenaza sanitaria regional. La pésima gestión de COSAG dejó de ser una deuda con los vecinos de Alta Gracia para convertirse en un peligro concreto que compromete la salud y el derecho al agua segura de miles de habitantes de la región. El plazo de 15 días impuesto por APRHI marcará si existe voluntad real de revertir décadas de desidia o si la contaminación seguirá avanzando sin control hacia más comunidades.
