La histórica marca láctea fue declarada en quiebra con una deuda de $8.500 millones, dejando sin trabajo a 140 personas y sin pago a 180 tamberos proveedores. Es el segundo cierre en días en el sector, tras la quiebra de ARSA que dejó 400 despedidos, en medio de la profunda recesión que atraviesa la industria nacional.
Un nuevo golpe sacude a la industria láctea argentina en el marco de la crisis económica que atraviesa el país bajo el gobierno de Javier Milei. La Justicia declaró la quiebra de Lácteos Conosur S.A., titular de la histórica marca La Suipachense, dejando en la calle a 140 trabajadores y arrastrando una deuda millonaria de $8.500 millones en cheques rechazados, salarios impagos y obligaciones con proveedores.
El Juzgado en lo Civil y Comercial de Mercedes dispuso la liquidación completa de la empresa, que acumulaba más de 1.000 cheques sin fondos y mantenía su actividad totalmente paralizada desde hacía meses. La resolución judicial ordenó la clausura de la planta de Suipacha, la entrega de bienes a la sindicatura, la inhabilitación definitiva de sus directivos y la prohibición de salida del país para el presidente de la firma, Jorge Luis Borges León. El expediente reveló que la compañía incumplió el acuerdo preventivo homologado y «carece de toda generación de ingresos», en un contexto de brutal caída de la actividad industrial.
El sindicato ATILRA venía denunciando salarios adeudados, despidos masivos y pérdida total de proveedores. De los 140 trabajadores que dependían directamente de La Suipachense, ninguno conserva hoy tareas ni ingresos, sumándose a las cifras alarmantes de desocupación que caracterizan la gestión de Milei. Además, los 180 tamberos que abastecían a la empresa interrumpieron los envíos por falta de pago, profundizando la crisis en toda la cadena productiva láctea.
Esta quiebra se suma al cierre, días atrás, de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), que elaboraba postres y yogures para SanCor y dejó en la calle a unos 400 empleados. Ambas empresas estaban bajo el control del grupo venezolano Maralac, de los empresarios Manuel y Alfredo Fernández. En total, solo estas dos quiebras suman 540 familias sin ingresos en cuestión de días, un dramático reflejo del desmantelamiento industrial que sufre el país.
La ola de cierres de fábricas y el aumento exponencial del desempleo se han convertido en una marca registrada del gobierno de Javier Milei, cuyas políticas de ajuste brutal han llevado a la parálisis a sectores enteros de la industria nacional. La clausura de plantas históricas como La Suipachense y ARSA no solo representa la destrucción de empleos, sino también el desmantelamiento de cadenas productivas que tardaron décadas en construirse y que hoy desaparecen bajo una gestión que prioriza el ajuste sobre la producción y el trabajo.
