El proyecto de Presupuesto 2026 incluye una restricción para contratar nuevos empleados públicos que reemplacen renuncias o jubilaciones. La medida busca mantener el superávit fiscal y solo contempla excepciones para áreas críticas como salud, guardaparques y bomberos.
El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Presupuesto 2026 una prohibición para que la Administración Central, empresas públicas y organismos descentralizados contraten nuevos empleados durante los próximos dos años. La restricción alcanza a todas las vacantes que surjan por renuncias o jubilaciones, y solo podrán cubrirse con autorización expresa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La medida forma parte de la estrategia oficial para mantener el superávit fiscal, eje central de la gestión económica. El artículo 7 del proyecto establece que «las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley ni los que se produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros».
El oficialismo enfrenta el desafío de conseguir los votos necesarios para aprobar esta iniciativa en las sesiones extraordinarias. Con 88 diputados propios y cerca de 110 con sus aliados, necesita alcanzar los 129 votos para la sanción. Por ello, Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, mantienen reuniones diarias con gobernadores provinciales en busca de respaldo.
La norma contempla excepciones puntuales para garantizar el funcionamiento de áreas críticas. Quedan exceptuados los cargos de autoridades superiores, el Cuerpo de Guardaparques Nacionales, el personal profesional de hospitales e institutos de investigación del Ministerio de Salud, el Sistema Federal de Manejo del Fuego, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, y las funciones ejecutivas del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Las autorizaciones que eventualmente otorgue el jefe de Gabinete tendrán vigencia durante 2026 y 2027 para los casos en que las vacantes permitidas no puedan cubrirse en el primer año. Esta medida representa una profundización del ajuste en el sector público que el Gobierno viene implementando desde su asunción, con el objetivo de reducir el gasto estatal.
