Tras tres meses de funciones, la comisión de Diputados concluyó que hubo una «decisión deliberada de evadir los controles estatales» para que el presidente difundiera el criptoactivo sin advertencias. El informe detectó transferencias de fondos entre actores vinculados al caso y denunciará penalmente a funcionarios por entorpecer la investigación. La oposición debate la continuidad de la comisión tras el recambio legislativo.
Luego de tres meses de funciones, la comisión investigadora de $LIBRA en la Cámara de Diputados presentó su informe final sobre el rol de Javier Milei y su entorno en la presunta estafa cripto perpetrada en febrero de este año. Mientras los procesos judiciales continúan en la Argentina y los Estados Unidos, la oposición debate la continuidad de la comisión tras el recambio legislativo.
«El análisis técnico de las blockchain detectó fondos entre los actores que coinciden con los montos y fechas señaladas en investigaciones que describen un presunto acuerdo de cooperación destinado a monetizar la imagen del presidente Javier Milei», introdujo Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión investigadora. El legislador también señaló que la difusión del criptoactivo «no constituyó un hecho aislado», ya que en diciembre de 2024 se registró una moneda similar vinculada a Kip Protocol en la que también participó Milei, además de una promoción en 2022, cuando era diputado, de la compañía «CoinX», acusada de estafa.
En ese marco, se consideró que «hubo una decisión deliberada de evadir los controles estatales institucionales» para que Javier Milei fuera la primera persona en difundir públicamente el link del criptoactivo sin explicar su procedencia y sin advertencia de los órganos rectores. Para ello, destacaron una de las respuestas del exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuando explicó el caso en el Congreso: «Este fue un tuit del presidente sobre el conocimiento que él había tomado de la posibilidad de financiar emprendimientos privados sin la participación del Estado. Así que no ha habido una evaluación del Gobierno».
El informe también remarcó que un número reducido de inversionistas compró $LIBRA antes de la difusión y se retiraron cuando crecieron los portadores, lo que llevó a considerar que se violó la Ley de Ética Pública y se provocó un «daño reputacional para la Argentina» por haber utilizado presuntamente la investidura presidencial para recaudar fondos.
Además, la comisión avanzará con denuncias penales contra los funcionarios Mariano Cúneo Libarona, Florencia Zicavo (ministro y jefa de Gabinete de Justicia, respectivamente), Alejandro Melik (Oficina Anticorrupción), Paul Starc (UIF) y Roberto Silva (CNV) por «incumplimiento de deberes dado que su accionar ha entorpecido las facultades constitucionales de esta comisión». Los procesos judiciales continúan tanto en Argentina como en Estados Unidos mientras se define el futuro de la investigación legislativa.
