Córdoba prohíbe a los naranjitas ilegales y limpiavidrios: habrá arrestos de hasta 6 días

- La provincia de Córdoba aprobó una normativa que regula y sanciona la actividad de cuidacoches sin autorización, limpiavidrios y las picadas en la vía pública. En esta normativa prohíben naranjitas y limpiavidrios. Además, la medida establece arrestos de hasta seis días para quienes ejerzan estas actividades de manera ilegal y obliga a los municipios a adaptar sus ordenanzas en un plazo de 30 días.
El gobierno provincial dio un paso firme para ordenar el espacio público con la aprobación de una nueva normativa. Esta normativa prohíbe expresamente la actividad de los denominados «naranjitas» ilegales, los limpiavidrios y las picadas callejeras. La medida, que ya tiene fuerza de ley, apunta a una problemática presente en las principales ciudades de la provincia. Durante años, esta problemática generó reclamos de vecinos y comerciantes.
Según establece el texto normativo, quienes cobren por el cuidado de vehículos sin contar con la habilitación correspondiente o realicen limpieza de parabrisas en la vía pública podrán ser pasibles de sanciones que van desde multas hasta seis días de arresto. Por otro lado, la misma penalidad aplica para quienes organicen o participen de picadas en espacios públicos.

Sanciones también para los habilitados que se excedan
La norma no solo apunta a quienes operan en la informalidad. Los cuidacoches que cuenten con habilitación municipal pero incumplan las reglas establecidas —como cobrar tarifas superiores a las autorizadas o trabajar fuera de las zonas asignadas— también quedan alcanzados por la regulación. Este grupo está sujeto a sanciones de hasta tres días de arresto.
Un aspecto central de la implementación es la responsabilidad que recae sobre los municipios. Ellos tendrán un plazo de 30 días para adecuar sus ordenanzas locales a los lineamientos provinciales. Esta etapa se considera decisiva para que la medida tenga efectividad real en cada rincón del territorio cordobés.
La normativa representa uno de los intentos más concretos de la provincia por poner límites claros a prácticas que, según autoridades y ciudadanos, generan inseguridad, extorsión informal y conflictos cotidianos en el espacio urbano.




