- La Cámara de Diputados aprobó la eliminación de la Ley 12.908, que durante décadas protegió las condiciones laborales de los trabajadores de prensa. Para sus críticos, la medida no es solo una reforma de empleo: es una señal política que compromete garantías indirectas de la sociedad al derecho a la información.
La reforma laboral aprobada esta semana en el Congreso de la Nación dejó una herida particular en el mundo del periodismo: la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, la histórica Ley 12.908 que establecía un marco de protección específico para quienes ejercen la actividad informativa en el país.
El oficialismo argumentó que la medida busca modernizar y equiparar el periodismo a cualquier otra actividad laboral. Sin embargo, los críticos advierten que esa lógica ignora la función pública esencial que cumple la prensa y que las condiciones de estabilidad e independencia de los trabajadores de la información no son un beneficio corporativo, sino una garantía indirecta para la ciudadanía.
En ese marco, la intervención del diputado cordobés Luis Picat generó cuestionamientos. Su defensa de la medida fue considerada superficial y carente de análisis institucional de fondo, limitándose a reproducir los argumentos del bloque oficialista sin abordar las implicancias de la eliminación de la norma para el derecho a la información y la libertad de expresión.
La derogación no clausura el debate, sino que lo inaugura con una pregunta que incomoda: ¿qué lugar le asigna el poder al periodismo en la Argentina de hoy?
