Quiebra de Márquez & Asociados: miles de acreedores afectados

La empresa constructora Márquez & Asociados (actualmente denominada MRQZPABAR Desarrollos SA) fue declarada en quiebra por el Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación de Córdoba. El juez Sergio Ruiz calificó el proceso como "quiebra pedida compleja" debido al importante volumen de causas civiles y denuncias penales acumuladas contra la firma con sede en Villa Warcalde. La decisión judicial se produjo tras el reclamo de un profesional que mantenía créditos impagos en concepto de honorarios.

Los miles de acreedores afectados por esta situación podrán presentar sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura hasta el 11 de noviembre de 2025. Estos trámites deberán realizarse exclusivamente por vía digital, según establece el Protocolo de actuación profesional de sindicatura concursal. El próximo 13 de mayo se realizará el sorteo para designar al síndico, cuyos datos de contacto y horarios de atención serán comunicados oportunamente.

Entre las medidas dispuestas por el magistrado, se prohibió a terceros realizar pagos directamente a la empresa, declarándolos "ineficaces de pleno derecho". Toda transacción deberá canalizarse mediante depósito judicial a la cuenta habilitada en el Banco de Córdoba. Asimismo, se ordenó la inhibición general de bienes de la firma, la indisponibilidad de los bienes registrados a su nombre y la inhabilitación tanto de la sociedad como de los directivos Juan Pablo Márquez y Ariel Hernán Márquez.

La resolución judicial establece un extenso cronograma para el proceso concursal, que podría extenderse hasta 2027. El informe individual de créditos deberá presentarse el 25 de junio de 2026, mientras que la sentencia de verificación está prevista para el 18 de diciembre del mismo año. El Informe General de la sindicatura se fijó para el 24 de febrero de 2027, evidenciando la magnitud y complejidad del proceso.

Dada la envergadura del caso y su impacto social, el juez Ruiz consideró "imprescindible" la participación del Ministerio Público Fiscal, las Oficinas de Defensa del Consumidor y la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba. La quiebra de esta desarrolladora inmobiliaria afecta a un número significativo de personas, por lo que las autoridades han dispuesto mecanismos especiales para atender a los damnificados durante el prolongado proceso de liquidación de activos y verificación de créditos.