La Mesa de Barrios Populares califica como «atropello aberrante» el desalojo sin orden judicial realizado por autoridades provinciales, municipales y la empresa Camino de la Sierra. Familias de Miralta, Renacimiento y El Platito quedaron sin hogar o hacinadas en condiciones precarias.
Córdoba 30/06/2025
Redacción Minuto Córdoba
Un operativo de desalojo y relocalización ejecutado a principios de junio en los barrios populares Miralta, El Platito y Renacimiento generó una grave crisis habitacional que mantiene a varias familias en situación de calle y otras viviendo hacinadas en el barrio CEPA, según denuncias de la Mesa de Barrios Populares de Córdoba.
Débora Koraj, militante e integrante de la Mesa, calificó el procedimiento como «salvaje» y un «atropello aberrante» a los derechos de las familias afectadas. La organización presentó un reclamo formal ante la Municipalidad cuestionando la legalidad y las formas del operativo.
Sin orden judicial ni diálogo previo
Según las denuncias, el desalojo se realizó sin orden judicial y sin instancias de diálogo o asambleas previas con los habitantes. «Las autoridades y la empresa Camino de la Sierra no hablaron correctamente como persona civilizada, sino que fueron directamente con las topadoras, aplastando las casas», afirmó Koraj.
El operativo conjunto entre el gobierno provincial, municipal y la empresa privada incluyó amenazas directas a las familias. En uno de los casos más graves, una madre fue amenazada con la quita de sus hijos si no abandonaba su vivienda, siendo forzada a salir mientras las topadoras demolían su casa. Como consecuencia, una familia de tres integrantes quedó en situación de calle.
Consecuencias más allá de la pérdida de vivienda
Las familias relocalizadas en el barrio CEPA enfrentan condiciones de hacinamiento y carecen de acceso a servicios básicos como agua potable y controles de salud. Además, los movimientos de suelo realizados por la maquinaria pusieron en riesgo de derrumbe a viviendas vecinas que no fueron directamente afectadas por el desalojo.
«El hábitat no es solamente una vivienda, sino también el entorno, y muchos niños se quedaron sin ir al colegio por semanas», explicó Koraj, destacando el impacto integral de la medida sobre las familias.
Autoridades cierran el diálogo
La Mesa de Barrios Populares intentó obtener respuestas presentando una nota explicativa sobre las problemáticas, pero según Koraj, «sinceramente nos cerraron las puertas, no quieren hablar sin solución a esas demandas». Las organizaciones reclaman soluciones habitacionales, acceso a agua, seguridad y un entorno digno para las familias afectadas.
Desde la Mesa cuestionan por qué no se optó por urbanizar estos barrios populares, existiendo legislación que los ampara, en lugar de realizar un desalojo de esta magnitud. Los vecinos y organizaciones continúan organizándose en asambleas para visibilizar la problemática y exigir soluciones integrales.
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