El ministro de Transporte bonaerense Martín Marinucci advierte sobre los riesgos de siniestralidad que implica la medida de Sturzenegger en rutas no preparadas para vehículos de 30 metros de largo.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires expresó su fuerte oposición a la decisión del ministro Federico Sturzenegger de habilitar la libre circulación de bitrenes por todas las rutas nacionales del país, advirtiendo sobre el incremento del riesgo de accidentes de tránsito en una red vial que no cuenta con la infraestructura adecuada.
El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, calificó la medida como «una irresponsabilidad» durante una entrevista con Radio 10 (98.7 FM Córdoba), argumentando que las rutas argentinas «no están preparadas» para vehículos articulados de hasta 30 metros de largo, diseñadas originalmente para camiones de 18 a 20 metros.
«Es una irresponsabilidad plantear de una noche a la mañana que el bitren pueda circular por rutas que fueron diseñadas para otro tipo de vehículo», sostuvo Marinucci, quien advirtió que las rotondas y la infraestructura actual no están adaptadas para estos vehículos de gran porte.
El funcionario provincial destacó que Argentina registra actualmente 12 muertes diarias por siniestros viales y que esta cifra podría incrementarse con la implementación de la nueva normativa. «Las maniobras de sobrepaso de un vehículo de 30 metros generan una potencialidad de siniestralidad mayor», explicó.
Marinucci también señaló que los bitrenes, que pueden transportar un 70% más de carga que los camiones convencionales, circulan frecuentemente con sobrepeso, lo que deteriora aún más el asfalto de rutas ya afectadas por la falta de mantenimiento.
A pesar de reconocerse como promotor de la multimodalidad del transporte, el ministro bonaerense subrayó que la incorporación de bitrenes debería realizarse «con previsión de infraestructura vial y capacitación a los conductores», como ocurre en otros países que han implementado esta modalidad exitosamente.
La controversia se enmarca en un contexto de tensión entre el gobierno nacional y provincial por el mantenimiento de rutas, en un momento en que las familias de víctimas de accidentes viales expresan preocupación por la desregulación del sector y el cierre de organismos de control.
