El presidente enfrenta una acusación por abuso de autoridad e intromisión en la Justicia después de declarar públicamente que tomó la decisión de que la expresidenta fuera presa. Las declaraciones generaron controversia sobre la independencia del Poder Judicial.
El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por abuso de autoridad e intromisión en asuntos judiciales tras admitir públicamente que fue él quien tomó la decisión de encarcelar a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Las declaraciones realizadas en una entrevista desataron una ola de críticas y cuestionamientos sobre el respeto a la división de poderes y la independencia del Poder Judicial.
En sus polémicas declaraciones, Milei afirmó: «Puedo asegurar que esto es la venganza porque soy el primer Presidente que tomó la decisión de que vaya presa», en referencia a la condena judicial que enfrenta la expresidenta. Estas palabras fueron interpretadas como una admisión directa de interferencia en el proceso judicial, lo que motivó la presentación de la denuncia penal en su contra.
La denuncia sostiene que las manifestaciones del mandatario configuran un potencial delito de abuso de autoridad, ya que el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones constitucionales para determinar condenas o prisiones, competencias que corresponden exclusivamente al Poder Judicial. Los denunciantes argumentan que estas declaraciones no solo violan el principio de división de poderes, sino que también representan una grave intromisión en la independencia judicial.
El caso pone en el centro del debate la relación entre el gobierno y la justicia, especialmente en procesos judiciales de alto perfil político. Juristas y constitucionalistas han señalado que, de confirmarse una interferencia directa del Ejecutivo en decisiones judiciales, se trataría de una violación grave al Estado de Derecho que sostiene el sistema democrático argentino.
La denuncia deberá ser evaluada por la justicia competente, que determinará si las declaraciones del presidente constituyen efectivamente un delito o si se enmarcan dentro de la libertad de expresión de un funcionario público. El caso agrega tensión al ya complejo panorama político argentino y reabre el debate sobre los límites del poder presidencial frente a la independencia de los otros poderes del Estado.
