Diputados de Encuentro Federal impulsan moción de censura contra Guillermo Francos por incumplir ley de Discapacidad

La oposición busca destituir al jefe de Gabinete tras la suspensión de la implementación de la ley 27.793, ratificada por el Congreso después de que fuera vetada por Milei

Diputados nacionales del bloque Encuentro Federal, encabezados por Oscar Agost Carreño, presentaron este lunes una moción de censura para remover al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por incumplir con la aplicación de la ley de emergencia en Discapacidad. La medida se produce luego de que la oposición lograra voltear el veto del presidente Javier Milei a esta normativa, que ahora el Gobierno se niega a implementar alegando falta de financiamiento.

La interpelación y moción de censura lleva las firmas de destacados legisladores del bloque que preside Miguel Pichetto, incluyendo a Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón. Según el artículo 101 de la Constitución Nacional, Francos podría ser destituido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras legislativas, un objetivo que la oposición considera alcanzable si logra fundar razonablemente sus acusaciones.

«El Gobierno rompió el estado de derecho», sentenció Agost Carreño en la red social X, criticando la suspensión de la implementación de la ley 27.793 que fue ratificada por ambas cámaras del Congreso. Los diputados acusan a Francos no solo de incumplir la ley de Discapacidad y no reasignar las partidas conforme a la normativa promulgada, sino también por «dictar decretos nulos e inconstitucionales» y «violar la división de poderes del Estado».

El conflicto se intensificó este lunes cuando el Gobierno promulgó formalmente la ley de emergencia en Discapacidad, pero simultáneamente, a través del decreto 681/25, suspendió sus efectos por falta de financiamiento. La administración Milei supeditó la implementación efectiva a la inclusión de las fuentes de financiamiento en el marco del proyecto de Presupuesto 2026, una decisión que la oposición considera inconstitucional.

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro se sumó a las críticas, sosteniendo que «con el Decreto 681/2025, el Presidente incurre en nulidad absoluta» al pretender «inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes». Ferraro enfatizó que la ley es clara en cuanto a que el jefe de Gabinete debe asignar y reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento, cerrando con un contundente: «Basta de excusas y de maniobras inconstitucionales. Cumplan la ley».