Milei firmó los decretos tras el rechazo del Congreso a sus vetos, pero condicionó la vigencia de ambas normas a que el Parlamento determine las fuentes de financiamiento y las incluya en el Presupuesto 2026. Las leyes habían sido ratificadas el 2 de octubre pasado.
El Gobierno nacional promulgó este martes las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario mediante los Decretos 759/2025 y 760/2025 publicados en el Boletín Oficial. Sin embargo, suspendió su aplicación efectiva hasta que el Congreso de la Nación establezca las fuentes de financiamiento necesarias e incorpore las partidas presupuestarias correspondientes en el Presupuesto 2026.
Los decretos llevan las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el ministro de Salud Mario Lugones. Ambas normas habían sido ratificadas por el Parlamento el 2 de octubre último, cuando los legisladores rechazaron los vetos presidenciales que pretendían bloquear su sanción definitiva.
La Ley 27.795 establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas del país e incluye la recomposición salarial del personal docente y no docente. Por su parte, la Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud por el término de un año. Esta última norma surgió en respuesta a la profunda crisis que atraviesa el Hospital Garrahan y el sistema de salud infantil en general.
El Ejecutivo justificó la suspensión de la aplicación de ambas leyes argumentando que los textos sancionados no especifican las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación. Se trata del mismo argumento que el Gobierno ya había utilizado previamente para postergar la aplicación de la ley de ayuda al área de Discapacidad, generando controversias con diversos sectores políticos y sociales.
La Ley de Financiamiento Universitario busca garantizar la sostenibilidad del presupuesto de las casas de altos estudios en todo el territorio nacional, actualizar los gastos de funcionamiento institucional y recomponer los salarios del personal que atraviesa una marcada pérdida del poder adquisitivo. La norma había sido sancionada tras una extensa movilización de la comunidad universitaria y el respaldo mayoritario del Congreso, que insistió en su aprobación pese al veto presidencial que había buscado frenarla.
