La oposición obtuvo mayorías agravadas para habilitar el tratamiento de ambas insistencias. Con 61 y 62 votos a favor, la Cámara alta logró los dos tercios necesarios para avanzar sobre las leyes vetadas por el Poder Ejecutivo.
El gobierno nacional sufrió este jueves un duro revés político en la Cámara de Senadores, donde la oposición logró reunir los dos tercios necesarios para rechazar los vetos del presidente Javier Milei sobre el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. La sesión especial comenzó a las 10.26 de la mañana, cuando la oposición consiguió la mayoría legislativa para dar inicio al debate.
Pasadas las 12 del mediodía, el Senado aprobó con 61 votos afirmativos y 8 negativos el tratamiento de la insistencia en la sanción de la ley de universidades nacionales. Minutos después, la Cámara alta también habilitó con 62 votos a favor y 7 en contra la insistencia en el veto a la emergencia sanitaria en pediatría y residencias nacionales, conocida como «Ley Garrahan». Estas mayorías agravadas representan un golpe político significativo para el oficialismo.
La «Ley Garrahan» apunta a la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales de todas las especialidades. Según informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de julio a diciembre es de $65.573 millones. Además, la norma exime del pago de ganancias a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados cuando realizan actividades críticas, horas extras o guardias.
En cuanto a las universidades, la ley establece una actualización al 1 de enero de 2025 según la variación del IPC entre mayo y diciembre de 2024 para los gastos de funcionamiento. También obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios docentes y no docentes en un porcentaje no inferior a la inflación desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, con incrementos remunerativos y bonificables. La norma dispone además que las paritarias no podrán exceder los tres meses, asegurando actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación.
De conseguir los dos tercios de los votos presentes en la votación definitiva, la oposición repetiría lo ocurrido con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que el Gobierno debió promulgar tras el rechazo al veto. Este nuevo revés parlamentario expone la fragilidad política del oficialismo en el Congreso y marca un precedente en la capacidad de la oposición para frenar decisiones del Ejecutivo mediante mayorías calificadas.
