El juez federal de Campana falló a favor de los derechos de personas con discapacidad y ordenó al gobierno garantizar el financiamiento del sistema de prestaciones básicas
El Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, declaró la invalidez del decreto presidencial que vetó la ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso Nacional. La decisión judicial constituye un duro revés para la gestión de Javier Milei y marca un precedente significativo en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en el país.
La sentencia fue dictada en respuesta a un amparo presentado por la familia de dos niños con discapacidad, quienes denunciaron la precaria situación que atraviesa el sector tras las medidas de ajuste implementadas por el gobierno nacional. En su fallo, el magistrado subrayó que «el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias», estableciendo así una clara jerarquización de derechos fundamentales.
El juez González Charvay enfatizó que los afectados por la medida «son personas en situación de múltiple vulnerabilidad por su condición de niños y de personas con discapacidad», en referencia al artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional, «de lo que se desprende que sus derechos deben ser objeto de una protección especial». La resolución judicial reconoce que estos grupos requieren una tutela reforzada por parte del Estado.
La sentencia también determinó que el veto presidencial «viola obligaciones internacionales de derechos humanos al mantener el desfinanciamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad». Además, el fallo reconoce que los aumentos otorgados desde diciembre de 2023 estuvieron «por debajo de todos los índices económicos de referencia», lo que provocó una pérdida del poder adquisitivo y puso «en grave riesgo la continuidad de los tratamientos esenciales».
Por su parte, el gobierno había justificado su decisión en el Decreto 534/2025, argumentando que las leyes aprobadas por amplia mayoría en el Congreso implicarían un gasto adicional superior a los 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, sin contar con fuentes de financiamiento suficientes ni cálculos actuariales que garantizaran su viabilidad económica a largo plazo.
