La Universidad Nacional de Córdoba ratificó su compromiso con la ley de financiamiento universitario tras la insistencia del Congreso. Sin embargo, advierten que el antecedente de la Ley de Emergencia en Discapacidad marca un posible camino de dilación por parte del gobierno libertario. «El 90% del presupuesto tiene que ver con salarios que han perdido un 40% de su valor», alertó el secretario de Extensión, Conrado Storani.
La Universidad Nacional de Córdoba celebró este jueves la ratificación de la ley de financiamiento universitario y el rechazo del veto del presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación. La Casa de Trejo manifestó su satisfacción por la decisión legislativa que garantiza recursos para el sistema educativo público, aunque expresó cautela sobre su aplicación efectiva.
«Vamos a insistir para que esto se haga efectivo en el marco de la constitución y de la ley», afirmó el secretario de Extensión de la UNC, Conrado Storani, en diálogo SRT Media. La declaración del funcionario universitario refleja la preocupación de que el gobierno nacional encuentre mecanismos para evitar o demorar la implementación de la normativa aprobada por el Congreso.
El antecedente que genera alarma en el ámbito universitario es el caso de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que afecta a prestadores de servicios, personas con discapacidad y sus familias. La administración libertaria suspendió la aplicación de esa norma hasta que el Congreso indique las fuentes de financiamiento, utilizando argumentos fiscalistas para dilatar su puesta en marcha. Este precedente hace temer que se repita la misma estrategia con el financiamiento universitario.
Storani destacó la crítica situación salarial que atraviesan las universidades públicas. «El 90% del presupuesto universitario tiene que ver con los salarios de los docentes y de no docentes, eso está muy deteriorado y ha sufrido una pérdida del 40%», explicó el secretario de Extensión. La caída del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios se ha convertido en uno de los principales problemas del sector educativo en los últimos meses.
La UNC, junto al resto de las universidades nacionales, mantiene la expectativa de que la ley sea reglamentada y aplicada con celeridad. Sin embargo, la comunidad universitaria se prepara para posibles nuevas batallas legales y políticas si el gobierno nacional intenta postergar la ejecución presupuestaria aprobada por el Congreso. La defensa de la educación pública se perfila como uno de los principales conflictos entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario en los próximos meses.
