Legisladores de Unión por la Patria y Coherencia presentaron un pedido formal para excluir al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, invocando «inhabilidad moral sobreviniente» tras revelarse transferencias por USD 200.000 desde un empresario acusado de narcotráfico. La solicitud requiere dos tercios de los votos para prosperar.
Diputados nacionales de los bloques de Unión por la Patria y Coherencia, el espacio escindido de La Libertad Avanza, presentaron ante las autoridades de la Cámara baja un pedido de expulsión contra José Luis Espert, quien además de legislador es candidato en las próximas elecciones legislativas nacionales y preside la estratégica Comisión de Presupuesto. La solicitud se fundamenta en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que permite excluir a un miembro del Congreso por «inhabilidad moral sobreviniente» relacionada con hechos de público conocimiento vinculados al narcotráfico y fraude.
El pedido se origina en una investigación judicial estadounidense que destapó una presunta transferencia de USD 200.000 para la campaña electoral de Espert en 2019, proveniente de Fred Machado, un empresario actualmente detenido en Estados Unidos acusado de fraude. La relación entre ambos se hizo pública tras la difusión de un video en el que el diputado agradece al empresario por haberlo trasladado en su avión privado. Según los documentos que maneja la justicia norteamericana, estas operaciones forman parte de una red más amplia dedicada al lavado de activos del crimen organizado.
En el escrito dirigido a Martín Menem, presidente de Diputados, los legisladores firmantes advirtieron que la sola presencia del nombre de un representante nacional en registros asociados a una red de narcotráfico y fraude financiero constituye un hecho de «enorme gravedad institucional». Subrayaron que no se trata de una sospecha aislada, sino de señalamientos concretos respaldados por documentación que expone transacciones económicas con origen en actividades criminales transnacionales, lo que compromete directamente la integridad del legislador.
Los impulsores del pedido sostuvieron que el Parlamento debe preservar la honorabilidad del Poder Legislativo y garantizar que sus miembros sostengan una conducta irreprochable. Para ello, citaron el artículo 66 constitucional que faculta al Congreso a corregir, remover o excluir a cualquiera de sus miembros con el voto de dos tercios de cada Cámara, una mayoría calificada que resulta difícil de alcanzar en el actual escenario de fragmentación política.
El documento concluyó con una advertencia institucional: no actuar con «celeridad y firmeza» ante estos hechos implicaría naturalizar la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en las estructuras de representación política, poniendo en riesgo al sistema republicano y a toda la Nación. «Excluir al diputado Espert constituye un acto de responsabilidad constitucional de resguardar la institucionalidad frente a hechos que comprometen severamente el decoro y la confianza, no sólo de esta Cámara, sino de todo el país», señalaron los legisladores para cerrar su presentación.
