Los convenios colectivos dejarían de ser piso salarial para convertirse en techos de referencia. Las empresas podrían negociar sueldos según su situación económica. Los sindicatos advierten sobre el riesgo de fragmentación y desigualdad.
Con la mayoría legislativa consolidada tras las recientes elecciones, el Gobierno nacional reactivó su proyecto de reforma laboral, cuyo eje más polémico es la implementación de los «salarios dinámicos». La propuesta, presentada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, durante el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, plantea un cambio radical en el sistema de negociación salarial argentino: los convenios colectivos pasarían de ser pisos garantizados a convertirse en techos de referencia, permitiendo que cada empresa ajuste los sueldos según su productividad y capacidad financiera.
El nuevo esquema elimina la práctica tradicional de ajustar salarios por inflación, mecanismo central de las paritarias argentinas durante décadas. En su lugar, los aumentos se definirían exclusivamente en función de la productividad y los resultados económicos de cada sector o empresa. Según Cordero, el objetivo es evitar subas automáticas que no reflejen la realidad productiva y promover acuerdos más sostenibles. Además, el modelo permitiría negociaciones descentralizadas por empresa o región, rompiendo con el sistema actual donde las paritarias se discuten por rama de actividad.
El impacto sobre el poder sindical es uno de los aspectos más controvertidos de la reforma. Hasta ahora, los gremios garantizaban un piso salarial uniforme para todos los trabajadores de un sector. Con los «salarios dinámicos», esa función quedaría desdibujada, ya que los convenios solo serían orientativos. Dirigentes sindicales advierten que esta transformación podría generar una fragmentación del sistema laboral y profundizar las desigualdades entre trabajadores de distintas regiones o empresas. «Si cada compañía negocia su propio salario, perdemos la protección colectiva», alertan desde sectores gremiales.
Las cámaras empresariales, en cambio, celebran la iniciativa. Argumentan que los convenios actuales son excesivamente rígidos e impiden que las empresas se adapten rápidamente en contextos de crisis económica. Desde el sector privado sostienen que la flexibilidad propuesta permitirá preservar empleos formales y mejorar la competitividad, especialmente en pequeñas y medianas empresas que enfrentan dificultades para sostener salarios uniformes en momentos de baja productividad.
El debate promete ser intenso en el Congreso, donde deberán evaluarse los efectos del nuevo esquema sobre la distribución salarial y la equidad laboral. Analistas señalan que experiencias similares en Europa y Asia funcionan con estrictos mecanismos de control estatal para evitar reducciones arbitrarias. El principal desafío para Argentina será garantizar que la flexibilidad no derive en pérdida de derechos adquiridos. El eje central de la discusión estará puesto en si los salarios dinámicos pueden mejorar la competitividad sin sacrificar el poder adquisitivo de los trabajadores.
