Una empresa privada formada por residentes intima con cartas documento a quienes se niegan a pagar servicios de seguridad no solicitados. La Municipalidad no reconoce la entidad ni autoriza los cobros
Un conflicto inédito se desarrolla en el barrio Sierra Nueva de Mendiolaza, donde un grupo de vecinos organizados como Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) intima a otros residentes a pagar expensas por servicios de seguridad, pese a que se trata de un barrio abierto por ordenanza municipal. La arquitecta Carolina Pozo, una de las afectadas, denunció que reciben cartas documento exigiendo el pago de hasta un millón y medio de pesos por conceptos que consideran ilegales.
El barrio Sierra Nueva fue aprobado por la Municipalidad de Mendiolaza en 2014 como urbanización abierta, luego de que la empresa loteadora Miskiwasi no cumpliera con los requisitos para ser considerado barrio cerrado. En 2020, un grupo de vecinos conformó una SAS bajo el argumento de brindar seguridad, pero comenzaron a exigir el pago obligatorio a todos los residentes, incluso a quienes nunca solicitaron el servicio. La entidad cobra expensas alegando que mantiene espacios comunes que en realidad pertenecen al municipio.
Los vecinos afectados denuncian que la SAS utiliza métodos intimidatorios, enviando cartas documento firmadas por abogados matriculados que citan artículos del Código Civil y obligan a costear mediaciones. «Te meten miedo», explicó Pozo, quien detalló que en las mediaciones hacen firmar acuerdos de confidencialidad que impiden a las personas hablar del tema. Muchos residentes terminan pagando para evitar conflictos legales y pérdida de días laborales.
La intendenta Adela Arning emitió una resolución categórica donde rechaza el reconocimiento de cualquier empresa privada que preste servicios y cobre por ellos en espacios públicos. El Consejo Deliberante también se pronunció en contra, advirtiendo que la SAS no puede hacer uso de espacios verdes municipales. Sin embargo, la empresa continúa operando y enviando intimaciones, generando que algunos vecinos paguen por temor mientras otros se organizan para resistir judicialmente.
Los vecinos afectados preparan acciones legales grupales tanto para denunciar el cobro ilegal de expensas como para que quienes están atrapados en la SAS puedan salir de la sociedad, ya que el estatuto los vincula por 99 años sin posibilidad de retiro. Mientras tanto, el conflicto divide al barrio entre quienes pagan las expensas por temor y quienes se niegan a reconocer una entidad que consideran fraudulenta en un barrio que por ordenanza debe permanecer abierto.
