A través del Decreto 787/2025, la administración de Javier Milei eliminó la norma que durante más de 30 años reguló los precios de las cuotas escolares. Ahora las instituciones educativas privadas podrán fijar libremente sus tarifas y la periodicidad de los ajustes. La medida genera incertidumbre en las familias con hijos en el sistema privado.
El gobierno de Javier Milei concretó este martes un nuevo avance en su agenda desregulatoria al liberar completamente el sistema de aranceles de los colegios privados en Argentina. A través del Decreto 787/2025 publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía), cada institución educativa privada podrá ahora definir de manera autónoma los aumentos que aplicarán en sus cuotas, así como la periodicidad de dichos ajustes, sin necesidad de autorización previa del Estado.
La medida deroga el histórico Decreto 2417/1993 que durante más de tres décadas reguló el sistema de aranceles y la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada en el país. Esta norma obligaba a los colegios privados que reciben subsidio estatal a comunicar anticipadamente los montos de sus aranceles y a obtener autorización previa para cualquier modificación en las cuotas que cobran a las familias. Con su eliminación, desaparece un control que buscaba proteger a los usuarios del servicio educativo frente a aumentos desproporcionados o arbitrarios.
En los considerandos del decreto, el gobierno libertario justificó la desregulación al señalar que la norma derogada presentaba «limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país». El texto oficial advierte que «la intervención estatal en la fijación de aranceles ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica», y sostiene que la exigencia de informar y autorizar los valores de matrícula y cuotas con antelación «limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos».
El decreto también fundamenta la medida en el derecho de propiedad de los institutos privados, al afirmar que «deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal». Según el gobierno, la rigidez de las tarifas impuestas por el Estado «puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos sin antes contar con autorización de la autoridad correspondiente». De esta forma, la administración Milei argumenta que la libertad de precios permitirá a las instituciones mantener estándares de calidad sin las trabas burocráticas actuales.
La desregulación genera inmediata incertidumbre entre las familias argentinas que tienen a sus hijos escolarizados en el sistema privado, un sector que representa aproximadamente el 30% de la matrícula total del país. La principal preocupación radica en que, sin controles estatales, los colegios puedan aplicar aumentos desmedidos aprovechando la cautividad de las familias, especialmente en medio del ciclo lectivo cuando resulta muy difícil cambiar de institución. Por otro lado, los establecimientos educativos celebran la medida argumentando que la regulación vigente generaba atrasos en las autorizaciones que no les permitían cubrir el incremento de costos operativos, principalmente salarios docentes y servicios. El impacto concreto de la medida se conocerá en las próximas semanas, cuando los colegios comiencen a definir sus nuevas políticas arancelarias para 2026 sin ningún tipo de supervisión gubernamental.
