Córdoba marchó por la universidad pública: el reclamo llegó a la Corte Suprema

• Miles de personas se movilizaron este martes en la cuarta Marcha Federal Universitaria para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El gobierno de Javier Milei se niega a reglamentar esta ley, pese a contar con respaldo del Congreso y dos fallos judiciales favorables. Entre estas movilizaciones, la Córdoba marcha universitaria tuvo una destacada participación.

La comunidad universitaria de Córdoba tomó las calles este martes en una masiva jornada de protesta que se replicó en todo el país. Desde el Paseo de la Reforma, en el corazón de la Ciudad Universitaria, miles de manifestantes marcharon hacia la zona del Patio Olmos en lo que fue la cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria. El reclamo es uno solo: la efectiva puesta en marcha de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y No Docente. Esta ley fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y promulgada en octubre tras la ratificación del veto presidencial por más de dos tercios de ambas cámaras. Sin embargo, está bloqueada en la práctica por el propio Poder Ejecutivo.

Desde el escenario montado sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen, Constance Keegan, titular de la Federación Universitaria de Córdoba, dirigió su demanda directamente al máximo tribunal del país: «Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe, que escuche el clamor de todas las calles y plazas de la república, que impida que el gobierno nacional siga incumpliendo la ley de financiamiento universitario». El reclamo llega en un momento en que la norma acumula fallos favorables en dos instancias judiciales. Sin embargo, la administración Milei apeló en ambas oportunidades y trasladó la disputa al tribunal de última instancia.

Los oradores que se sucedieron en el palco describieron un escenario de deterioro profundo en el sistema universitario nacional. Inés Pastorino, de la gremial San Martín, fue contundente: «La situación presupuestaria es crítica, el recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios y afecta a todas las funciones«. Por su parte, Leticia Medina, en representación de ADIUC, denunció que el gobierno nacional cerró las paritarias y provocó renuncias de docentes formados, reducción de dedicaciones, pluriempleo y una profunda crisis en las obras sociales del sector.

Crisis que expulsa estudiantes y quiebra el orden institucional

David Rincón, en representación de la Universidad Tecnológica Nacional, puso el foco en el congelamiento de las becas universitarias. «La reducción de estas políticas expulsan a estudiantes del sistema universitario y ponen en riesgo la posibilidad de que miles de jóvenes puedan continuar sus estudios», advirtió. La voz de los trabajadores no docentes estuvo a cargo de Esteban Cabo, de la Universidad Provincial de Córdoba, quien amplió el diagnóstico más allá de lo económico: «La crisis no es sólo presupuestaria, debemos denunciar la ruptura del acuerdo democrático de la división de poderes en nuestra nación. El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la república».

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, aportó cifras que grafican la magnitud del deterioro: la casa de altos estudios perdió el 45% de las remesas del presupuesto en apenas 26 meses de ajuste. «Ha impactado en todas las áreas, sobre todo en los salarios docentes y no docentes, y así no se puede trabajar con normalidad», sostuvo. Aunque llamó a defender «la legitimidad y la confianza de la sociedad» en la educación pública superior.

La movilización se extendió a otras ciudades de la provincia. En Villa María, la Universidad Nacional y la Facultad Regional de la UTN convocaron frente al Rectorado de calle Entre Ríos y marcharon hacia la Plaza Centenario. En Río Cuarto, la concentración fue en la Plaza San Martín. Posteriormente, hubo un recorrido por las calles céntricas hasta la Plaza Olmos de la Juventud. En todos los puntos del país, las jornadas concluyeron con la lectura de un documento. Dos poderes del Estado —el Legislativo y el Judicial en dos instancias— ya se pronunciaron a favor de la ley. Finalmente, la presión ahora recae sobre la Corte Suprema.