El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la medida que estará vigente hasta junio, mientras la reactivación de focos en Puerto Patriada obligó a extremar las precauciones. Villarruel anticipó que propondrá endurecer las penas por incendios intencionales.
El Concejo Deliberante de Epuyén declaró el martes el estado de catástrofe en el pueblo patagónico, a raíz del incendio forestal que comenzó el 5 de enero en El Hoyo y que ya arrasó con unas 12 mil hectáreas. La ordenanza, aprobada por unanimidad, establece la emergencia en siete áreas: ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria, y tendrá vigencia hasta el 30 de junio.
La medida otorga facultades especiales al intendente José Contreras para realizar contrataciones directas y gestionar asistencia financiera urgente ante los gobiernos provincial y nacional, sin los plazos administrativos habituales. El fuego destruyó viviendas y colapsó los servicios de agua y luz en la región, afectando gravemente a la población local.
Las autoridades solicitaron a los vecinos de Puerto Patriada que estén en alerta ante la posibilidad de tener que evacuar en las próximas horas, ya que los focos de incendio se reactivaron en la zona. Las ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, sumadas a la sequía y el calor extremo, complican las tareas de control del fuego que azota esta región de Chubut.
En tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel anticipó a través de la red social X que solicitará a los legisladores nacionales una «actualización» del Código Penal para agravar las penas con cárcel efectiva para quienes inicien incendios de manera intencional. «Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego comenzado con dolo, por negligencia o en forma fortuita», expresó.
La funcionaria también propuso una «actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego» y recordó que el artículo 41 de la Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes. «Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder», concluyó Villarruel.
