El ministro Quinteros defendió el operativo pese a que no se encontraron armas ni delitos. La pareja acusa que le robaron $300.000, le rompieron el auto y los amenazaron. El encargado del hotel confundió una conversación con un hecho que le ocurrió a un amigo.
Un confuso operativo policial en un alojamiento cercano al Aeropuerto de Córdoba derivó en una demanda judicial de la pareja afectada contra el Gobierno provincial y la Policía de Córdoba, a quienes acusan de robo de $300.000, destrucción de su vehículo y amenazas durante el procedimiento. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, defendió el accionar policial pese a que el episodio concluyó sin armas secuestradas ni delitos comprobados, tras confirmarse que todo se originó por una «lamentable confusión» del encargado del establecimiento.
La situación comenzó cuando el responsable del alojamiento, ubicado a la vera del camino que conduce al Aeropuerto, llamó a la Policía denunciando que una pareja en una de las habitaciones supuestamente estaría armada y que habría provenido de cometer un ilícito. «El encargado denunció que había una pareja que supuestamente estaría armada y que se había escuchado que provenían de cometer un ilícito», explicó Quinteros, quien justificó el despliegue policial por «la gravedad del aviso».
Ante la denuncia, las fuerzas de seguridad activaron un estricto protocolo y acordonaron la zona, convocando de inmediato al Equipo Táctico de Emergencia y Rescate (ETER) para manejar una potencial toma de rehenes o enfrentamiento armado. La situación obligó la evacuación total del hotel, donde en ese momento se encontraban cuatro parejas. Sin embargo, la pareja señalada denuncia que durante el operativo la Policía ingresó violentamente a la habitación, les robó $300.000 en efectivo, destrozó su vehículo y los amenazó, situación que los llevará a iniciar acciones legales contra el Estado provincial.
El confuso episodio concluyó con una desmentida oficial: la Policía confirmó que la pareja no guardaba relación alguna con los hechos denunciados, no se secuestraron armas ni se comprobó la comisión de ningún ilícito previo. Según la investigación posterior, el origen de la crisis fue una lamentable confusión del encargado del albergue, quien vinculó erróneamente una supuesta conversación que escuchó de la pareja con un suceso que le había ocurrido a un amigo minutos antes, disparando así la alarma de seguridad sin fundamento alguno.
Pese a la gravedad de las acusaciones de la pareja afectada, el ministro Quinteros volvió a defender el procedimiento policial. «No es el procedimiento que tenemos nosotros», afirmó el funcionario al ser consultado sobre las denuncias de robo, destrozos y amenazas, aunque no aclaró si se investigarán estos señalamientos. Desde la Fiscalía confiaron que la investigación sobre el falso llamado se archivará, calificando el caso como «desafortunado«. Mientras tanto, la pareja prepara una demanda contra el Gobierno y la Policía de Córdoba exigiendo reparación por los daños materiales y el trato recibido durante un operativo que terminó siendo completamente innecesario.
