El oficialismo tiene 21 votos en el Senado y necesita al menos 16 más para reunir quorum. El ministro del Interior, Diego Santilli, inició una gira por el país para negociar con gobernadores. Un artículo sobre ganancias que afecta la coparticipación provincial genera resistencias.
La Libertad Avanza se propone aprobar la reforma laboral en el Senado durante los primeros días de febrero, pero para lograrlo deberá realizar modificaciones al proyecto y desplegar una intensa negociación con gobernadores de distintas fuerzas políticas. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, reconoció que están dispuestos a introducir cambios en la letra chica, siempre que no se altere el espíritu de la ley. Con 21 votos propios (20 de LLA más Luis Juez), el Gobierno necesita al menos 16 adhesiones más para alcanzar el quorum reglamentario.
El principal escollo para conseguir apoyos es el artículo 191 del proyecto, que modifica el impuesto a las ganancias de las sociedades reduciendo la alícuota. Esta medida impactaría directamente en la recaudación y, por ende, en la coparticipación que reciben las provincias. Según un informe que circula entre gobernadores peronistas, los distritos perderían $1.729.044 millones en 2026. Este punto genera resistencias no solo en la UCR —que tiene 10 bancas y cinco gobernadores— sino también en las bancadas que representan oficialismos provinciales.
El ministro del Interior, Diego Santilli, encabeza el operativo seducción e inició este miércoles una gira por el país para acercar posiciones. La primera escala es Chubut, donde se reunirá con el gobernador Ignacio Torres, que podría aportar dos votos más a través de las senadoras Edith Terenzi y Andrea Cristina. Otros mandatarios en la mira son Gustavo Sáenz de Salta, Hugo Passalacqua de Misiones y Rolando Figueroa de Neuquén, provincias que fueron beneficiadas con importantes montos de ATN durante 2025.
La estrategia oficial también apunta al peronismo dividido, específicamente al bloque Convicción Federal, que no se referencia en Cristina Kirchner. Allí aparecen como posibles votos favorables los senadores que responden a Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy), gobernadores que han mostrado disposición a colaborar con la Casa Rosada. También hay expectativas con legisladores patagónicos de Santa Cruz y Neuquén que en el pasado dieron señales de acompañamiento.
Sin embargo, no todo es terreno fértil para el oficialismo. La UCR, con siete senadores que responden a gobernadores radicales, realizará un «estudio minucioso» del proyecto y ya anticipó que en su forma actual no lo acompañará. Cuestionan, entre otros puntos, que el fondo de cese se financie con fondos de la Anses. Córdoba también representa una figurita difícil: la senadora Alejandra Vigo se abstuvo en la votación del Presupuesto 2026, y el gobernador Martín Llaryora mantiene una relación distante con el gobierno nacional, reclamando sin éxito fondos para la caja de jubilaciones provincial. La «Modernización Laboral», como la bautizó la Casa Rosada, deberá sortear múltiples obstáculos antes de convertirse en ley.
