Veinte empleados de la fábrica de neumáticos ubicada en José Antonio Cabrera al 5000 se encontraron con escribanos y seguridad privada que les notificaron el despido masivo y el sellado del establecimiento.
Los trabajadores de la planta IBF de Córdoba se encontraron con una situación inesperada cuando llegaron a su lugar de trabajo. «Cuando llegamos, dentro del establecimiento estaba la gerencia junto con escribanos y personal de seguridad para notificarnos que despedían a todo el personal y que sellaban la empresa», explicó el delegado gremial Miguel Díaz. Ante ese escenario sorpresivo, los empleados resolvieron permanecer en la planta ubicada en José Antonio Cabrera al 5000 en asamblea permanente hasta obtener respuestas.
«Hablamos con nuestro gremio, nos reunimos en asamblea y decidimos quedarnos acá en ocupación pacífica hasta que se nos den respuestas», sostuvo Díaz. El delegado remarcó la gravedad de la situación: «No se puede venir a sellar una empresa y poner en cuestión los puestos de trabajo de los trabajadores y de sus familias así como así». Los veinte empleados afectados por el cierre masivo exigen que la patronal presente documentación que respalde una crisis económica real antes de proceder con el despido colectivo.
El delegado señaló que la empresa no presentó documentación que justifique el cierre. «Nosotros queremos que la patronal abra sus libros contables y muestre realmente su crisis. Hace una semana veníamos trabajando normal, haciendo tareas de mantenimiento porque nos íbamos de vacaciones», indicó. Díaz consideró que el cierre «se da en el marco de las fiestas» y que existe una maniobra especulativa por parte de la patronal. Reconoció que hubo una baja en la producción vinculada al ingreso de neumáticos importados, pero aclaró que eso no implica una situación de quiebra: «La empresa nunca perdió el mercado. Lo que planteaban era un problema de margen de ganancia, no que estuvieran en rojo».
El impacto del cierre es total para el personal de la planta. «Somos 20 trabajadores y notificaron a todos. Plantearon el cierre de planta, despedir a todos y sellarla», detalló el delegado. Y agregó que la medida afecta de lleno a las familias: «Todos los compañeros tienen familia, hijos, deudas y proyectos que se sostienen con un salario digno». Díaz también vinculó la situación con el contexto político y económico actual: «Las patronales se envalentonan con el gobierno y con los ataques a los derechos laborales. No queremos volver a la esclavitud, queremos trabajo y salario».
Los trabajadores confirmaron que continuarán en la planta en asamblea permanente y ocupación pacífica mientras esperan una solución. Además, solicitaron al gremio que evalúe medidas de fuerza más amplias: «Este dueño tiene otra fábrica, y si pasa acá puede pasar allá. Por eso pedimos que se llame a un paro», sostuvo Díaz. Finalmente, reclamó la intervención del Estado: «La Secretaría de Trabajo y el Ministerio tienen que hacerse cargo. No se puede cerrar una fábrica así porque sí. Si hay crisis, hay herramientas para salir entre todos», concluyó el delegado mientras los empleados permanecen en la protesta a la espera de respuestas.
