«Zoe Azul»: juzgarán a 10 personas por una estafa piramidal de más de un millón de dólares que operó dentro de la Jefatura de Policía de Córdoba

• La Cámara 10 del Crimen de Córdoba llevará a juicio oral a 10 imputados acusados de integrar el esquema financiero ilegal conocido como «Zoe Azul», una estafa piramidal denominada en la causa como Zoe Azul estafa priamidal. Este esquema funcionó durante años en el propio edificio central de la Policía provincial. Además, habría generado un perjuicio económico superior al millón de dólares. La mayoría de las víctimas eran efectivos policiales o familiares directos de miembros de la fuerza.

La investigación, instruida por el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier, determinó que la organización operaba bajo la lógica clásica de un esquema Ponzi. Los promotores ofrecían retornos mensuales de entre el 7% y el 20% en dólares —muy por encima de cualquier instrumento financiero formal— y captaban inversores aprovechando la confianza que generaban los lazos dentro de la institución policial. Además, las reuniones, la entrega de dinero en efectivo y la firma de supuestos contratos de inversión se realizaban en el propio edificio de la Jefatura. Sin embargo, esos documentos carecían de validez legal y las inversiones prometidas nunca existieron.

En la cúspide de la estructura aparece María Eugenia Zulberti, abogada y sargento jubilada de la Policía de Córdoba, identificada por los investigadores como la principal responsable de organizar y administrar el esquema. Junto a ella se juzga otras nueve personas acusadas de haber cumplido distintos roles dentro de la organización: captación de inversores, manejo de fondos y coordinación de operaciones. Por otra parte, como ocurre en este tipo de esquemas, los intereses abonados a los primeros participantes se sostenían con el dinero de los nuevos ingresantes. Por este motivo, esta maniobra mantenía la ilusión de rentabilidad hasta que el sistema terminó colapsando.

La causa adquirió una dimensión pública adicional por la presencia entre los imputados de hijos de Mirta «Cuca» Antón, la represora condenada por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Algunos de ellos ya reconocieron su participación a través de juicios abreviados. Mientras tanto, otros llegarán al debate oral junto al resto de los acusados.

De los 17 imputados que identificó la investigación original, seis son condenados mediante procedimientos abreviados tras admitir su responsabilidad. Además, uno de los acusados —Roberto Carlos Espinosa— fue sobreseído por falta de pruebas suficientes. El juicio que comenzará este año representa el tramo final y más relevante de un proceso. Este proceso expuso uno de los casos de fraude financiero más llamativos registrados en el seno de una institución pública cordobesa.