Las explosiones que sacudieron Caracas en la madrugada del 3 de enero de 2026 no solo derribaron instalaciones militares venezolanas. Detonaron también las frágiles certezas sobre las que América Latina había construido su autonomía durante las últimas décadas. El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro representan, más allá de cualquier consideración sobre el régimen chavista, un punto de quiebre histórico que coloca a toda la región en una zona de vulnerabilidad sin precedentes desde las dictaduras del siglo XX.
Lo que está en juego no es la defensa de Maduro —cuyo gobierno ha sido ampliamente cuestionado por violaciones a los derechos humanos y fraudes electorales— sino algo mucho más profundo y peligroso: el retorno de la intervención militar unilateral como herramienta de política exterior estadounidense en el continente. António Guterres, secretario general de la ONU, lo definió con precisión quirúrgica: se trata de «un precedente peligroso» para el orden internacional. Pero para América Latina, es más que un precedente: es una sentencia de muerte para la soberanía regional.
Brasil, México, Colombia, Chile, Uruguay y hasta sectores políticos europeos coinciden en una advertencia que debería helar la sangre de cualquier líder latinoamericano: si Washington puede bombardear Caracas, capturar a un presidente y sacarlo del país sin consecuencias, ¿qué impide que mañana lo haga con cualquier gobierno que se oponga a sus intereses? La respuesta la ofreció la propia administración Trump al reafirmar la Doctrina Monroe en su estrategia de seguridad nacional: Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir militarmente en el hemisferio para «restaurar la preeminencia estadounidense» y controlar «activos vitales» —léase: petróleo, litio, agua, tierras raras.
Es en este contexto explosivo donde la posición de Javier Milei adquiere una dimensión no solo irresponsable, sino potencialmente trágica para Argentina. Mientras líderes de Brasil, México y Chile condenaban la violación de la soberanía venezolana y advertían sobre el peligro que esto representa para toda la región, el presidente argentino celebraba en redes sociales: «La libertad avanza. Viva la libertad carajo». No se trataba de un apoyo retórico pasajero. Era la confirmación de una política de alineamiento automático con Washington que tiene correlato directo en la entrega sistemática de recursos estratégicos argentinos.
LA LIBERTAD AVANZA
— Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026
VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/yexGuQfKvF
Milei no solo aplaudió la intervención militar estadounidense. Su gobierno ha venido ejecutando una política de apertura indiscriminada a capitales norteamericanos en sectores estratégicos: litio en el noroeste, Vaca Muerta en la Patagonia, tierras agrícolas, minería a cielo abierto. La retórica de la «libertad económica» encubre lo que expertos en geopolítica denominan «colonialismo extractivista del siglo XXI»: la transferencia de recursos no renovables a potencias extranjeras sin contrapartidas sustanciales para el desarrollo nacional, sin resguardos ambientales significativos y, lo más grave, sin consideración de la vulnerabilidad estratégica que esto genera.
¿Qué garantías tiene Argentina de que, en un escenario de tensión geopolítica futura, Estados Unidos no invoque la misma lógica que usó en Venezuela —lucha contra el narcotráfico, defensa de la democracia, protección de sus intereses— para intervenir militarmente en el Cono Sur? Ninguna. El precedente venezolano demuestra que las normas del derecho internacional, la Carta de la ONU y los tratados regionales son papel mojado cuando Washington considera que sus «intereses vitales» están en juego. Y no hay interés más vital para una potencia que los recursos energéticos y minerales necesarios para sostener su economía.
Los estudios estratégicos del propio Departamento de Defensa estadounidense, elaborados en 2019 durante la primera administración Trump, anticipaban que cualquier intervención militar en Venezuela terminaría en «caos prolongado sin salida clara», con éxodos masivos de refugiados hacia Colombia y Brasil, enfrentamientos entre grupos rivales y una posible escalada regional. Todos esos escenarios se están materializando ahora. Colombia ya movilizó tropas a la frontera. Brasil y México denunciaron amenazas a la estabilidad continental. Pero Milei, en lugar de preservar la neutralidad histórica de Argentina o al menos mostrar prudencia ante una crisis que puede incendiar la región, eligió convertir al país en un aliado incondicional de la política más agresiva de Washington en décadas.
La lección de Venezuela para América Latina es brutal: la soberanía nacional no se negocia, porque una vez perdida, se recupera solo con sangre o nunca. Los recursos naturales no son mercancías más en el libre mercado: son patrimonio estratégico cuyo control define si un país será sujeto o objeto en el orden internacional del siglo XXI. Y el alineamiento automático con potencias extranjeras no garantiza protección: garantiza subordinación.
Académicos chinos consultados por medios especializados advirtieron que la operación en Venezuela «sienta un precedente negativo para el derecho internacional con consecuencias difíciles de revertir» y que «genera inseguridad para otros países». El Frente Amplio de República Dominicana lo expresó con claridad meridiana: «Ningún Estado tiene derecho a imponer por la fuerza su agenda política, económica o militar a otra nación. Este ataque representa una ruptura abierta con la Carta de las Naciones Unidas». Hasta Marine Le Pen en Francia, no precisamente una izquierdista, advirtió que «renunciar al principio de soberanía por Venezuela sería como aceptar nuestra propia servidumbre mañana».
Argentina tiene litio, uno de los recursos más codiciados del planeta para la transición energética. Tiene gas y petróleo en Vaca Muerta, reservas de agua dulce entre las más importantes del mundo, tierras fértiles, minerales estratégicos. Todo eso que Milei está entregando alegremente a capitales extranjeros bajo el eufemismo de «inversiones» es exactamente lo que convierte a un país en objetivo estratégico de potencias que han demostrado que están dispuestas a usar la fuerza militar cuando consideran que sus intereses están amenazados.
La pregunta que deberían hacerse los argentinos, más allá de sus posiciones sobre el gobierno de Maduro o sus simpatías políticas domésticas, es inquietante: ¿qué pasaría si un futuro gobierno argentino —dentro de cuatro, ocho o doce años— decidiera renegociar los contratos leoninos firmados por Milei con empresas estadounidenses? ¿Qué garantiza que Washington no invoque entonces la «protección de inversiones americanas» o la «lucha contra gobiernos autoritarios» para presionar, sancionar o, en el peor escenario, intervenir militarmente? El precedente venezolano dice que nada lo impide.
Lula da Silva lo resumió con una frase que debería grabarse en mármol en la Casa Rosada: «Atacar a los países en flagrante violación del derecho internacional es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo». Milei eligió del lado de la ley del más fuerte. Eligió aplaudir el bombardeo de una capital latinoamericana. Eligió entregar recursos estratégicos sin salvaguardas. Eligió convertir a Argentina en peón de una estrategia imperial que hoy actúa en Caracas pero mañana puede hacerlo en Buenos Aires, Brasilia o Ciudad de México.
Venezuela hoy puede ser cualquier país latinoamericano mañana. Esa es la lección. Esa es la advertencia. Y ese es el peligro que Milei, en su ceguera ideológica o su complicidad estratégica, se niega a ver. La soberanía se defiende o se pierde. Y una vez perdida, no hay «libertad» que valga. Solo hay subordinación.
