El juez federal de Campana Adrián González Charvay confirmó su resolución de diciembre y dio al Ejecutivo cinco días hábiles para informar sobre los avances en la implementación de la norma. El Foro de Discapacidad advirtió que la ley debe estar «funcionando, no en trámite» y que los derechos «no se postergan».
El juez federal de Campana Adrián González Charvay ratificó el fallo que había dictado en diciembre y le puso como límite al Gobierno Nacional el 4 de febrero para que entre en plena vigencia la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada y ratificada por el Congreso, cuya aplicación sufre dilaciones por parte de la gestión de Javier Milei. Además, le dio al Gobierno cinco días hábiles para que informe sobre el avance de los trámites para la puesta en marcha de la norma.
Cabe recordar que en diciembre el juez de Campana había invalidado el decreto a través del cual el Presidente se negaba a otorgar los fondos necesarios para la aplicación plena de la ley. La nueva ratificación del fallo refuerza la obligatoriedad de cumplir con una normativa sancionada por el Congreso y cuyo veto presidencial fue rechazado por ambas cámaras.
El Foro Permanente de Promoción y Derechos de las personas con discapacidad detalló que bajo apercibimiento de ley el Gobierno está obligado a presentar: la resolución que actualiza los aranceles a los prestadores desde enero 2025; el plan de pago de la compensación adeudada; la apertura del plan ARCA para la refinanciación de deudas; los nuevos valores de las prestaciones; y el decreto reglamentario de la Ley de Emergencia, con más de tres meses de demora.
El Foro remarcó que el 4 de febrero la norma debe estar funcionando: «No en trámite ni en proceso, funcionando». Además, subrayó que el colectivo de la discapacidad sigue «exigiendo cumplimiento efectivo, porque los derechos no se postergan». La advertencia apunta a evitar que el Gobierno presente avances formales sin implementación real de la ley.
«El sector de discapacidad no puede esperar más. La ley fue votada, el veto fue rechazado y ahora la justicia le da cinco días al gobierno para que demuestre que la está cumpliendo. Necesitamos la reglamentación ya porque los prestadores no cobran y las personas con discapacidad se están quedando sin sus tratamientos», expresó la actriz Lola Berthet, madre de un niño con discapacidad, en una declaración que resume la urgencia del reclamo del sector.
