Los fondos de inversión que adquirieron el juicio contra Argentina por la expropiación de YPF solicitaron formalmente al gobierno de Estados Unidos información sobre el paradero y la cantidad exacta del oro que la administración de Javier Milei decidió trasladar físicamente desde el Banco Central.
Los fondos buitre que compraron los derechos del juicio por la estatización de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dieron un nuevo paso en su estrategia legal contra Argentina. Estos acreedores presentaron una solicitud formal ante autoridades estadounidenses para obtener información precisa sobre las reservas de oro del Banco Central que el gobierno de Javier Milei decidió sacar del país.
La solicitud de los fondos de inversión apunta específicamente a conocer la ubicación actual y la cantidad exacta de oro que fue trasladado desde las bóvedas del BCRA hacia el exterior. Esta decisión del gobierno nacional generó controversia desde que se conoció, debido a que se trata de activos estratégicos del Estado argentino que tradicionalmente permanecían resguardados en territorio nacional como parte de las reservas internacionales del país.
Los mismos fondos que ahora reclaman información sobre el oro son los que adquirieron los derechos del juicio millonario de Argentina por la expropiación del 51% de las acciones de YPF a la española Repsol en 2012. Estos acreedores suelen buscar información sobre activos argentinos en el exterior como parte de sus estrategias.
La movida de los fondos buitre se produce en un contexto donde el gobierno de Milei enfrenta múltiples frentes judiciales internacionales y negocia reestructuraciones de deuda. El traslado del oro al exterior fue justificado por el Ejecutivo como una medida para mejorar la gestión de las reservas y generar rentabilidad, aunque no se brindaron precisiones públicas sobre el destino específico de los activos ni los resguardos legales implementados.
La solicitud a Estados Unidos por parte de los fondos de inversión abre un nuevo capítulo en la compleja relación entre Argentina y sus acreedores internacionales. Especialistas advierten que el conocimiento preciso del paradero y cantidad del oro podría facilitar acciones legales futuras para intentar embargar estos activos en caso de sentencias judiciales favorables a los demandantes, lo que representa un riesgo patrimonial para el Estado argentino.
