- La Justicia Federal, a cargo del fiscal Tomás Casas, ordenó este miércoles un allanamiento a las oficinas del Tribunal de Cuentas provincial en busca de documentación sobre el proceso de adquisición de drones para seguridad. El operativo responde a la denuncia penal del ministro Juan Pablo Quinteros, quien acusa irregularidades y obstrucción en el visado de los expedientes.
La tensión política que venía escalando entre el Centro Cívico y el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba dio este miércoles un salto definitivo hacia la judicialización del conflicto. Por ello, la Justicia Federal, a través del fiscal Tomás Casas, ordenó el allanamiento de las oficinas del organismo de control en busca de documentación y soportes digitales. Esto permitiría esclarecer el proceso de compra de drones destinados a la seguridad ciudadana. Esta adquisición fue frenada por el Frente Cívico en el marco de sus facultades de control presupuestario.
El operativo judicial responde directamente a la denuncia penal presentada días atrás por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien sostiene que existieron irregularidades y presuntas maniobras obstructivas en el visado de los expedientes para la adquisición de tecnología de vigilancia. Además, según la acusación del Ejecutivo provincial, el accionar de los tribunoshabría excedido las facultades de control establecidas por ley. Esto se convierte en un obstáculo para la ejecución de políticas públicas de emergencia en materia de seguridad.
«Es un apriete»: la respuesta del Tribunal de Cuentas
El presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán, no tardó en calificar el procedimiento judicial como una medida de presión política. «Esto es un apriete, un avasallamiento, pero nosotros vamos a seguir actuando», declaró el funcionario del Frente Cívico. Además, subrayó que«es la primera vez en la historia que el Tribunal de Cuentas sufre esto». Esto marca el carácter inédito del allanamiento a un organismo constitucional de control en la provincia.
En un dato que añade complejidad al operativo, Corvalán reveló que «la documentación que el gobierno buscaba no está más acá hace más de un mes. Y es digital, no es física». Por lo tanto, sugirió que el material solicitado por la Justicia ya había sido remitido previamente a las autoridades correspondientes. Esta afirmación podría poner en duda la necesidad del allanamiento. O indicar que la Fiscalía busca otro tipo de elementos probatorios en las instalaciones del organismo de control.
El conflicto por la compra de drones expone la profunda grieta política entre el oficialismo provincial y el Frente Cívico, que controla el Tribunal de Cuentas y ejerce un rol fiscalizador sobre las finanzas públicas. Mientras el Ejecutivo defiende la urgencia de incorporar tecnología de vigilancia para combatir la inseguridad, desde el órgano de control cuestionan las condiciones de la contratación y defienden su rol institucional de auditoría previa. En consecuencia, el caso, que ahora quedó en manos de la Justicia Federal, podría sentar un precedente sobre los límites del control presupuestario en Córdoba.
