- El gobernador salió a defender la reestructuración del Banco de la Provincia de Córdoba y lanzó un desafío directo a los intendentes del interior. Es decir, si quieren conservar las sucursales, que convenzan a los industriales de su distrito de radicar sus cuentas en Bancor. Por su parte, el gremio bancario rechazó las medidas y realiza asambleas que afectan la atención al público.
El Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) está en el centro de una tormenta política y sindical. La entidad avanza en el cierre de sucursales y el retiro de cajeros automáticos en localidades del interior provincial. Es una medida que su directorio justifica como parte de un proceso de reestructuración destinado a reducir costos operativos. El gobernador Martín Llaryora salió a respaldar la decisión. Sin embargo, fue más lejos: apuntó contra los industriales radicados en el interior y lanzó una advertencia a los intendentes que reclaman la continuidad de las sucursales en sus municipios.
Según Llaryora, el problema tiene un origen concreto. Las empresas instaladas en el interior de Córdoba operan mayoritariamente con bancos privados. Esto deja a Bancor sin la masa de operaciones comerciales necesaria para sostener la rentabilidad de sus filiales en esas localidades. En ese marco, el mandatario fue directo con los jefes comunales: si quieren mantener una sucursal de Bancor en su distrito, deben trabajar para que los industriales y empresarios de la zona radiquen sus cuentas en el banco provincial. De lo contrario, la ecuación económica no cierra y los cierres continuarán.
La Asociación Bancaria rechaza las medidas y lleva el conflicto a las calles
La decisión no pasó sin respuesta. La Asociación Bancaria, el gremio que representa a los trabajadores del sector, rechazó de plano las medidas dispuestas por el directorio de Bancor y lleva adelante asambleas en distintas sucursales. Esta situación impacta directamente en la atención al público. Además, los empleados bancarios sostienen que los cierres implican pérdida de puestos de trabajo y desamparo financiero para los habitantes de localidades pequeñas. En estos lugares, Bancor representa en muchos casos la única entidad presente en el territorio. Es importante destacar que Bancor se ha convertido en eje del debate sindical y mediático de Córdoba.
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El conflicto expone una tensión estructural que va más allá de Bancor. La realidad muestra que el 90% de la población argentina ya realiza transacciones a través de canales digitales. Por su parte, la banca física viene perdiendo terreno en todo el mundo frente a las plataformas virtuales, las billeteras digitales y los servicios de home banking. Los grandes bancos, tanto públicos como privados, vienen cerrando ventanillas y reduciendo dotaciones desde hace años. Ellos apuestan a modelos de atención centrados en lo tecnológico. Bancor, en este sentido, afronta una transformación inevitable.
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Sin embargo, esa transición digital no es homogénea en el territorio cordobés. En las ciudades medianas y grandes el acceso a la banca virtual es una realidad cotidiana. Pero en las localidades más pequeñas del interior provincial la presencia física de una sucursal o un cajero automático sigue siendo indispensable para vastos sectores de la población. Esto es especialmente relevante en el caso de jubilados, trabajadores rurales y personas mayores con menor familiaridad con las herramientas tecnológicas. Por otro lado, Bancor juega un papel social crucial en estos lugares.
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El escenario que se abre es complejo. Llaryora tiene razón en que la ecuación financiera de sostener sucursales en zonas de baja actividad comercial es difícil de justificar si los actores económicos de esas mismas zonas operan con la competencia. Pero la Asociación Bancaria también tiene razón en que el costo de esa reestructuración no puede recaer sobre los trabajadores ni sobre los ciudadanos más vulnerables del interior. Por todo lo descrito, el futuro de Bancor está en el centro de la agenda pública provincial. La discusión, en el fondo, es política: qué rol debe cumplir un banco público en una provincia donde la equidad territorial es, al menos sobre el papel, un valor de gestión.
