El Ministerio de Justicia de la Nación confirmó la salida del funcionario por «motivos personales» y anunció el nombramiento de su reemplazante. El recambio se oficializa este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en el marco de una profunda reestructuración del área que incluyó la eliminación de 14 cargos jerárquicos y la reducción de personal a la mitad, generando un ahorro anual de $13.550 millones.
La Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, inició una nueva etapa de su reestructuración tras confirmarse este miércoles que el Dr. Alberto Baños presentó su renuncia al cargo por «motivos personales». En el comunicado oficial, la cartera agradeció al ahora exfuncionario por acompañar el inicio del proceso de ordenamiento del área durante los primeros meses de gestión.
El recambio se oficializó simbólicamente este 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, y el área será ahora liderada por Joaquín Ignacio Mogaburu. El nuevo subsecretario es abogado con formación de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Penal, cuenta con más de quince años de experiencia en Tribunales Orales Federales y hasta su designación se desempeñaba como Director de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa.
El Ministerio de Justicia subrayó que la gestión de Baños acompañó el desmantelamiento de una estructura que, según el Gobierno, estaba «sobredimensionada» y «utilizada para currar y albergar a empleados militantes». Bajo la nueva conducción de Mogaburu, la Subsecretaría profundizará este proceso de ordenamiento y austeridad que ya ha generado cambios significativos en la organización del área.
Los ajustes implementados incluyeron la eliminación de 14 cargos jerárquicos, entre ellos la propia Secretaría de Derechos Humanos que fue reducida a una Subsecretaría, y la reducción de la planta de personal a la mitad. Según las cifras oficiales, estas medidas implican un ahorro anual de $13.550 millones para el Estado Nacional, en línea con la política de reducción del gasto público impulsada por la actual administración.
El Gobierno Nacional destacó que estas medidas contribuyen a «desideologizar las políticas públicas en el área de los Derechos Humanos» y a garantizar una administración más «transparente y responsable», en consonancia con los objetivos de cambio impulsados desde diciembre de 2023. Con Mogaburu al frente, se espera consolidar esta transformación en una de las áreas más sensibles de la gestión pública nacional.
