jueves, febrero 12, 2026
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Diputados debate bajar la edad de imputabilidad: el oficialismo busca que menores de 14 años sean punibles

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  • La Cámara Baja trata hoy la reforma del régimen penal juvenil que impulsa el Gobierno, centrada en la Edad de Imputabilidad. La propuesta busca reducir de 16 a 14 años la edad mínima para ser juzgado penalmente. La iniciativa genera polémica entre quienes la ven como una herramienta contra la inseguridad y quienes advierten sobre la falta de políticas de prevención y reinserción.

La Cámara de Diputados debate este jueves una de las reformas más polémicas del paquete de leyes impulsadas por el Gobierno de Javier Milei: la modificación del régimen penal juvenil que busca bajar de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad.

La iniciativa, que forma parte de la agenda de «mano dura» contra la delincuencia que promueve el oficialismo, propone cambios sustanciales en la forma en que el Estado argentino trata a los menores que cometen delitos.

¿Cómo funciona hoy el sistema penal juvenil?

La legislación vigente en Argentina sobre responsabilidad penal de menores data de 1980 y está regida por la Ley 22.278 (modificada por la Ley 22.803). El sistema actual establece tres categorías:

Menores de 16 años (no punibles):

  • No pueden ser procesados penalmente
  • Si cometen un delito, interviene un juez civil o de familia
  • Pueden ser derivados a programas de protección o asistencia
  • No pueden ser privados de su libertad por cuestiones penales

Entre 16 y 18 años (punibles condicionalmente):

  • Pueden ser imputados si el delito tiene pena mayor a 2 años de prisión
  • El juez evalúa si hubo «discernimiento» (capacidad de entender lo que hicieron)
  • Si son condenados, no quedan antecedentes penales al cumplir 18 años
  • La privación de libertad es la última instancia

Mayores de 18 años:

  • Imputabilidad plena como adultos
  • Mismas penas y procedimientos que el resto de la población

¿Qué cambia con la reforma propuesta?

El proyecto que debate hoy Diputados introduce modificaciones sustanciales al régimen actual:

1. Baja de edad de imputabilidad:

  • Los menores de 14 años podrán ser juzgados penalmente
  • La edad mínima de no punibilidad bajaría de 16 a 14 años
  • Quedarían en el nuevo sistema los adolescentes entre 14 y 18 años

2. Nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente:

  • Se crearía un régimen especial para jóvenes entre 14 y 18 años
  • Aplicación de sanciones diferenciadas a las de adultos
  • Mayor énfasis en medidas privativas de libertad para delitos graves

3. Endurecimiento de penas:

  • Para delitos graves (homicidio, violación, robo agravado), se extenderían los plazos de privación de libertad
  • Posibilidad de cumplir condena en centros especializados hasta los 21 años

4. Registro de antecedentes:

  • Modificaciones en la forma en que se registran los delitos cometidos por menores
  • Mayor seguimiento de reincidencia

Los argumentos del oficialismo

Los defensores de la reforma, encabezados por el bloque de La Libertad Avanza y sectores del PRO, sostienen que la legislación actual es obsoleta y que la edad de imputabilidad debe ajustarse a la «realidad delictiva».

Los principales argumentos a favor:

  • Aumento de delitos cometidos por menores: Señalan estadísticas que muestran un incremento en la participación de adolescentes en hechos delictivos graves
  • Las organizaciones delictivas captan a menores de 16 años porque la ley no puede juzgarlos.
  • Sensación de impunidad: Argumentan que el sistema actual genera impunidad y no protege a las víctimas
  • Alineación internacional: Indican que varios países de la región tienen edades de imputabilidad menores a los 16 años

Patricia Bullrich, Senadora, viene impulsando esta reforma desde el inicio de la gestión, argumentando que es una «necesidad urgente» para combatir la delincuencia juvenil.

Las críticas de la oposición y organismos de derechos humanos

Organizaciones de derechos humanos, especialistas en niñez y bloques opositores rechazan enfáticamente la propuesta y advierten sobre sus consecuencias.

Los principales argumentos en contra:

  • Violación de tratados internacionales: La Convención sobre los Derechos del Niño (que Argentina suscribió) establece que debe priorizarse la protección y reinserción por sobre el castigo
  • Ausencia de políticas de prevención: Critican que se busque bajar la edad sin invertir en programas socioeducativos, contención familiar o políticas de inclusión
  • Colapso del sistema: Advierten que no existe infraestructura ni personal capacitado para atender a más menores en el sistema penal
  • Criminalización de la pobreza: Sostienen que la medida afectará principalmente a adolescentes de sectores vulnerables sin abordar las causas estructurales del delito
  • Evidencia científica: Neurocientíficos y psicólogos señalan que a los 14 años el cerebro aún está en desarrollo y no tiene plena capacidad de dimensionar consecuencias

«Bajar la edad de imputabilidad no soluciona el problema de fondo. Es una respuesta simplista a un problema complejo», advirtió un vocero de la oposición.

¿Qué dice la experiencia internacional?

La edad de imputabilidad varía significativamente entre países:

  • Chile: 14 años
  • Brasil: 12 años (en discusión para bajarla aún más, quedanto demostrado que bajar la edad no soluciona el problema de fondo)
  • Uruguay: 13 años
  • España: 14 años
  • Francia: 13 años
  • Alemania: 14 años

Sin embargo, especialistas advierten que no basta con comparar edades, sino que debe evaluarse el sistema integral de justicia juvenil, los programas de reinserción y los recursos disponibles.

El debate en Diputados

La sesión de hoy promete ser extensa y polémica. El oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar la reforma en la Cámara Baja, donde tiene mayoría junto a aliados del PRO y sectores dialoguistas del radicalismo.

Si Diputados aprueba el proyecto, pasará al Senado, donde el escenario es más incierto y la negociación será clave.

El debate se da en un contexto de creciente preocupación social por la inseguridad, pero también de cuestionamientos sobre la eficacia de las políticas punitivas sin acompañamiento de programas sociales integrales.

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