El Gobierno defendió la compra de drones y acusó al Tribunal de Cuentas de «obstruir» una política de seguridad

• Los ministros Miguel Siciliano y Juan Pablo Quinteros salieron a responder al fallo que bloqueó la licitación de 15 drones por 6,8 millones de dólares. Sostienen que el proceso fue transparente y cuestionan la «politización» del organismo de control. La tensión institucional escaló con fuertes declaraciones cruzadas.

El Gobierno de Córdoba respondió con dureza al fallo del Tribunal de Cuentas que frenó la contratación de un sistema de drones de última generación para la Policía provincial. En conferencia de prensa, los ministros de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, y de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, defendieron la transparencia del proceso licitatorio y cuestionaron la intervención del organismo de control, con mayoría opositora.

La controversia gira en torno a una inversión de 6,8 millones de dólares destinada a la compra de 15 drones de alta tecnología para conformar una división especializada dentro de la fuerza policial. Durante su exposición, Siciliano marcó una diferencia entre fiscalización y bloqueo político: «Una cosa es controlar y otra es obstruir», afirmó. El funcionario remarcó que la iniciativa apunta a reforzar la seguridad pública mediante herramientas tecnológicas modernas y que el Ejecutivo respetó todos los pasos administrativos.

El ministro Quinteros, por su parte, aseguró que no se trató de una compra directa sino de un procedimiento de licitación abierto. Detalló que el expediente atravesó más de 70 instancias administrativas y que contemplaba la incorporación de un sistema integral para fortalecer la capacidad operativa. «No es solo la adquisición de drones, sino un esquema tecnológico completo para mejorar la prevención y la respuesta ante el delito», explicó. El funcionario también enfatizó que la tecnología permitiría mejorar tareas de patrullaje, búsqueda de personas y monitoreo en zonas de difícil acceso.

Las declaraciones se endurecieron en redes sociales. Siciliano afirmó que «la oposición tiene que terminar con la politiquería como método» y recordó que el Tribunal «no está para gobernar, está para controlar». Quinteros fue aún más tajante: «Cuando los organismos de control dejan de controlar y empiezan a hacer política, el problema ya no es un expediente: es la democracia». El ministro acusó a sectores opositores de intentar frenar la modernización policial sin cuestionar «ni el precio, ni el procedimiento, ni la idoneidad de las empresas».

El fallo del Tribunal de Cuentas abrió un nuevo capítulo de tensión institucional en un contexto atravesado por el debate sobre políticas de seguridad y asignación de recursos públicos. Mientras el Ejecutivo reclama que se destrabe la contratación para avanzar con el proyecto, sectores opositores sostienen la necesidad de revisar con mayor profundidad la operación antes de autorizar una inversión de ese calibre.

¿Quiénes integran el Tribunal de Cuentas que frenó la compra de drones y cuál es su rol?

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba es un organismo de control creado en 1923 y establecido en la Constitución Provincial. Su misión principal es controlar el uso de los fondos públicos y fiscalizar el gasto del Estado provincial. No depende de ningún poder del Estado (Ejecutivo, Legislativo ni Judicial), lo que garantiza su independencia a la hora de auditar las cuentas públicas.

¿Quiénes lo integran actualmente?

El Tribunal está compuesto por tres vocales que fueron elegidos por voto directo y popular en mayo de 2023. La conformación actual marca un hito histórico: por primera vez desde que se implementó la elección directa, la mayoría del organismo es de signo político distinto al del Ejecutivo provincial.

Por la Mayoría (Juntos por el Cambio):

• Cr. Beltrán Corvalán: Presidente del Tribunal. Contador público y referente del Frente Cívico. Ex legislador provincial, fue elegido con la mayor cantidad de votos y actualmente preside el organismo.
• Dra. María Fernanda Leiva: Vocal por la Mayoría. Abogada, también electa por la alianza Juntos por el Cambio.

Por la Minoría:

• Cra. Silvina Rivero: Vocal por la Minoría. Contadora pública que representa al oficialismo provincial en el Tribunal.

Esta configuración (dos vocales opositores y uno oficialista) permite que Corvalán y Leiva tengan mayoría en las votaciones del cuerpo colegiado, lo que explica por qué el Gobierno habla de «mayoría opositora» cuando se refiere al Tribunal.

¿Cómo se eligen y cuánto duran en el cargo?

Los vocales del Tribunal de Cuentas son elegidos directamente por el voto popular en las elecciones provinciales, con representación de las minorías. Dos cargos corresponden a la lista más votada y uno a la segunda fuerza electoral. Duran cuatro años en sus funciones y pueden ser reelectos.

Requisitos para ser vocal:

• Ser argentino
• Ser abogado o contador público con diez años de ejercicio profesional
• Tener al menos 30 años de edad
• Cinco años de residencia en la provincia

Los vocales tienen las mismas inmunidades y remuneraciones que los jueces de Cámara y pueden ser sometidos a juicio político. Anualmente, el cuerpo elige por mayoría a un presidente entre sus miembros.

¿Qué funciones tiene el Tribunal de Cuentas?

El Tribunal cumple múltiples roles de fiscalización sobre el manejo de los fondos públicos provinciales:

1. Control preventivo: Interviene antes de que se ejecuten gastos importantes. Puede observar (objetar) actos administrativos que considere irregulares. Si el Poder Ejecutivo insiste en un acuerdo de ministros, el Tribunal debe elevar los antecedentes a la Legislatura.

2. Aprobación o rechazo de cuentas: Revisa y aprueba o desaprueba la inversión de fondos públicos realizada por funcionarios y administradores provinciales. Esto incluye analizar la Cuenta General del ejercicio anual.

3. Auditorías: Realiza auditorías externas en dependencias administrativas, empresas del Estado y organismos donde la provincia tenga intereses económicos.

4. Informes a la Legislatura: Debe informar sobre las cuentas de inversión del presupuesto anterior durante las sesiones ordinarias.

5. Juicios de responsabilidad: Actúa como órgano requirente en juicios de cuentas cuando detecta irregularidades o responsabilidades patrimoniales de funcionarios.

El caso de los drones: una muestra del control preventivo

El bloqueo a la licitación de 15 drones por 6,8 millones de dólares es un ejemplo del control preventivo que ejerce el Tribunal. Según la normativa vigente, cuando el organismo observa un acto administrativo, el Ejecutivo puede insistir en acuerdo de ministros. Si el Tribunal mantiene su observación, debe elevar los antecedentes a la Legislatura provincial.

Esta facultad de intervención preventiva es uno de los puntos más polémicos de la relación entre el Tribunal y el Poder Ejecutivo, especialmente cuando la mayoría del organismo de control es de signo político opuesto al gobierno de turno.

Un organismo en el centro de la controversia

Desde que asumieron en 2023, los vocales Corvalán y Leiva han protagonizado varios roces con el Ejecutivo provincial. Han rechazado la Cuenta General del ejercicio 2024 por detectar un déficit de 65.400 millones de pesos, cuestionaron el funcionamiento de las agencias provinciales que «saltean el control» del Tribunal, y denunciaron sobreprecios en expedientes «globales«.

El Gobierno, por su parte, cuestiona que el Tribunal exceda su rol de fiscalización y «obstruya» políticas públicas. La tensión alcanzó su punto más alto con el caso de los drones, donde los ministros Siciliano y Quinteros acusaron al organismo de hacer «política» en lugar de controlar.

Más allá de las controversias, el Tribunal de Cuentas cumple un rol constitucional clave: garantizar que el dinero de los cordobeses se gaste de manera transparente y conforme a la ley. La tensión actual refleja un debate más amplio sobre los límites del control, la autonomía de los organismos de fiscalización y el equilibrio entre poderes en la provincia.