- El Ejecutivo provincial de Martín Llaryora reconoció la legitimidad del reclamo salarial de los maestros, pero cuestionó la dureza del paro de 72 horas y anticipó que recurrirá a la Secretaría de Trabajo para evitar la interrupción del ciclo lectivo, a través de la Conciliación Obligatoria para la UEPC. En este contexto, el Gobierno pide conciliación obligatoria como medida para resolver el conflicto. Cabe destacar que el Gobierno pide conciliación obligatoria porque considera fundamental garantizar el ciclo lectivo.
La administración provincial de Córdoba salió al cruce del anuncio de paro por 72 horas dispuesto por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y confirmó que solicitará la conciliación obligatoria ante la Secretaría de Trabajo. El Gobierno pide conciliación obligatoria con el objetivo de retomar el diálogo paritario en condiciones legales.
Desde el Ejecutivo provincial sostuvieron que el paro de tres días «excede el marco» de la negociación en curso y advirtieron que «cada día sin clases no es neutro» porque «genera una multiplicidad de conflictividades». Con ese argumento, las autoridades provinciales anticiparon que acudirán al mecanismo legal de la conciliación para suspender las jornadas de protesta y retomar el diálogo paritario en un nuevo contexto formal. Asimismo, el Gobierno pide conciliación obligatoria para asegurar el diálogo entre las partes.
La conciliación, la herramienta elegida por la Provincia para ordenar el conflicto
El Gobierno fundamentó su decisión en cuatro ejes centrales. En primer lugar, la conciliación permitiría garantizar la continuidad del ciclo lectivo mientras se negocian las condiciones salariales. Además, brindaría el tiempo necesario para elaborar lo que definieron como una «propuesta superadora» para presentar al sindicato. En tercer lugar, si las entidades sindicales acatan la medida, los docentes evitarían los descuentos por los días no trabajados en sus recibos de sueldo. Por último, el mecanismo contribuiría a ordenar el diálogo entre las distintas posturas presentes dentro de la comunidad educativa. Por este motivo, la solicitud del Gobierno de conciliación obligatoria se presenta como una respuesta directa al conflicto.
Si la Secretaría de Trabajo dicta la conciliación y UEPC la acata, las medidas de fuerza quedarían en suspenso de manera inmediata, con el consiguiente retorno de los maestros a las aulas. Las reuniones paritarias se retomarían bajo ese nuevo marco legal, con el Gobierno obligado a presentar una oferta económica concreta dentro de los plazos establecidos por la autoridad laboral. Por otro lado, el Gobierno pide conciliación obligatoria para evitar la interrupción del proceso educativo.
El conflicto docente se instala nuevamente como uno de los focos de tensión política y social más sensibles de la gestión Llaryora. Como se observa, la conciliación obligatoria, solicitada por el Gobierno, se ha convertido en el centro de la estrategia para resolver el conflicto.
