Los sindicatos que aportan a la Caja de Jubilaciones provinciales rechazaron la suba de aportes sancionada en la Unicameral y preparan acciones judiciales. La protesta incluirá movilizaciones inesperadas durante enero para visibilizar el conflicto con el gobierno provincial.
Los gremios estatales provinciales definieron este lunes un plan de acción contundente contra la reforma previsional aprobada por la Legislatura de Córdoba, que incluye medidas de fuerza «sorpresivas» y la evaluación de presentaciones judiciales. La decisión se tomó durante un encuentro en la sede del Sindicato de Viales, donde representantes de más de 20 organizaciones sindicales hicieron un balance de la última movilización y trazaron la estrategia para el mes de enero.
El frente gremial acordó implementar acciones inesperadas con el objetivo de «visibilizar el conflicto y denunciar públicamente al Gobierno de Córdoba por la suba de los aportes previsionales». La estrategia de medidas sorpresivas busca mantener la presión sobre el Ejecutivo provincial sin dar aviso previo de cuándo y dónde se realizarán las protestas, generando un elemento de incertidumbre que podría complicar el normal funcionamiento de la administración pública.
En paralelo a las movilizaciones, los sindicatos comenzaron a trabajar con sus equipos legales en una presentación conjunta ante los tribunales de Córdoba para cuestionar la constitucionalidad de la reforma. Además, los gremialistas evalúan escalar el conflicto a una instancia de mediación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, buscando que el máximo tribunal intervenga en la disputa con el gobierno provincial liderado por Martín Llaryora.
El comunicado conjunto fue firmado por un amplio espectro de organizaciones sindicales, incluyendo SEP, SELC (Legislativos), UEPC, ACEC (Casinos), SUOEM, Gráficos, ADEME, Luz y Fuerza Regional, Luz y Fuerza Córdoba, Luz y Fuerza Río Cuarto, SIVIALCO, Músicos, UPS, Judiciales, Federación de Municipales, AMET, APSE, y las seccionales de Bancaria de Córdoba, Río Cuarto, Villa María, Marcos Juárez y San Francisco, además de SADOP.
La reforma previsional aprobada en la Unicameral incrementa los aportes que realizan los trabajadores estatales a la Caja de Jubilaciones provincial, una medida que el gobierno justifica como necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema, pero que los gremios rechazan por considerarla un ajuste sobre los salarios de los empleados públicos. El conflicto promete intensificarse durante enero con las medidas anunciadas.
