Con 27 votos a favor, 6 en contra y una abstención, el Senado provincial ratificó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge que habilita la extracción de cobre y oro en Uspallata y Malargüe. Miles de personas participaron de la «Gesta libertadora por el agua» para exigir el rechazo de la iniciativa que consideran una amenaza para el recurso hídrico de la provincia.
La Legislatura de Mendoza aprobó este miércoles el proyecto de megaminería San Jorge que habilita la explotación en las localidades de Uspallata y Malargüe, desoyendo una multitudinaria marcha que rodeó el edificio legislativo bajo la consigna «El agua no se negocia». La votación se desarrolló en medio de un clima de alta tensión social, mientras miles de ciudadanos protagonizaban la «Gesta libertadora por el agua» para exigir que los senadores rechazaran la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de extracción de cobre y oro.
Con 27 votos positivos, contra seis negativos y una abstención, los legisladores ratificaron la norma que permite la explotación minera con una proyección de 27 años en pueblos donde la crisis hídrica va en aumento. El presidente Javier Milei respaldó públicamente la iniciativa este lunes, apoyando al gobernador aliado Alfredo Cornejo, quien se encontraba en la Casa Rosada durante la votación, participando de una reunión del Consejo de Mayo. A través de sus redes sociales, el mandatario nacional destacó que el proyecto «traerá una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre».
Los manifestantes sostienen que el proyecto San Jorge -recientemente rebautizado como PSJ Cobre Mendocino– representa un grave riesgo para la disponibilidad de agua en la región, considerada una zona ambientalmente frágil. De forma masiva, personas en auto, a pie y en bicicleta se unieron a una caravana de más de cien kilómetros que comenzó hace dos días, advirtiendo sobre la posible contaminación de la cuenca del Río Mendoza, que abastece al 75% de la población provincial. Además, los ciudadanos destacaron que la minería no provoca un impacto económico favorable para la región ni genera puestos de trabajo genuinos.
La movilización se consolida como una de las protestas más significativas del movimiento ambientalista mendocino desde las masivas manifestaciones de 2019 contra la modificación de la Ley 7722, que regula la minería y prohíbe verter sustancias tóxicas. En aquella oportunidad, la Legislatura tuvo que dar un paso atrás por la presión social y no pudo avanzar con proyectos extractivos. Sin embargo, en esta ocasión los legisladores decidieron aprobar la norma pese al rechazo popular.
Tras la ratificación legislativa, los manifestantes impulsaron una nueva marcha para expresar su contundente rechazo a la decisión. En los últimos meses, vecinos, ambientalistas, asambleas barriales, investigadores y profesionales de la salud han intensificado sus acciones de repudio contra la explotación de recursos naturales, argumentando que la iniciativa pone en riesgo el agua y afecta el ambiente en una provincia donde la escasez hídrica es una preocupación creciente.
