Una posible extradición de Rosa González podría darle una oportunidad jurídica a Leonardo Cositorto y marcar un giro relevante en la causa Generación Zoe. Mientras la Justicia argentina avanza con los trámites para lograr el traslado desde Venezuela de Rosa María González, la defensa del líder del grupo sostiene que su eventual comparecencia ante los tribunales permitiría reordenar las responsabilidades penales dentro del entramado investigado. Asimismo, el caso de Leonardo Cositorto genera gran atención mediática.
Según la estrategia defensiva, González habría sido quien tuvo el control efectivo de las operaciones financieras más sensibles, incluyendo el manejo de los criptoactivos. Además, habría ejecutado las maniobras que hoy se le imputan a Cositorto. En ese sentido, el propio Cositorto aseguró en reiteradas oportunidades que no existió ningún “algoritmo” capaz de generar los rendimientos prometidos y que esa hipótesis fue construida sin sustento técnico sólido. Para su entorno, la extradición de González podría exponer ese punto y reforzar la idea de que la estructura operativa real no respondía a lo que la acusación le atribuye. Por otro lado, Leonardo Cositorto insiste en su inocencia frente a las imputaciones.
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Este nuevo escenario se da mientras la defensa aguarda una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También se apoya en la resolución de la Comisión Nacional de Valores, que concluyó que no existió una oferta pública de valores en los términos de la ley del mercado de capitales. Si bien ese dictamen no extingue las causas penales, es presentado como un elemento clave para cuestionar la tipificación de los delitos.
En paralelo, la situación procesal de Cositorto continúa siendo motivo de controversia. La condena dictada en la provincia de Corrientes no se encuentra firme. Además, el empresario está próximo a cumplir, en febrero, cuatro años de prisión preventiva, una de las más extensas en la historia judicial argentina reciente. A esto se suma una denuncia de su defensa sobre presuntas torturas y tratos inhumanos sufridos durante su detención en Salta, un planteo que buscan incorporar como agravante en las instancias de revisión. Por ejemplo, Leonardo Cositorto se ha quejado públicamente de su prolongada prisión preventiva.
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- Otro punto que la defensa considera llamativo es el origen de las primeras denuncias contra Cositorto. Según remarcan, las presentaciones iniciales no surgieron de organismos estatales argentinos sino de actores vinculados al ecosistema cripto, como la ONG Bitcoin Argentina y Córdoba Bitcoin. En ese contexto, también destacan que el crecimiento del esquema y la criptomoneda asociada a Generación Zoe no se limitaban al ámbito local. Por el contrario, operaban en un plano internacional, un aspecto que —afirman— no fue debidamente ponderado en las investigaciones provinciales.
En el plano estrictamente jurídico, los abogados avanzan por distintas vías. Guillermo Tiscornia impulsa directamente el pedido de nulidad total de la causa, al considerar que existen vicios de origen que afectan todo el proceso. En paralelo, Guillermo Dragotto trabaja sobre un recurso extraordinario dirigido a la competencia de la Corte Suprema, una cuestión aún no resuelta. Por otra parte, cuestiona la modificación del hecho imputado y la forma en que se valoró la pena impuesta. Es fundamental destacar que Leonardo Cositorto ha contado con equipos de defensa experimentados que buscan revertir la situación legal.
Cabe recordar que Cositorto fue condenado en Corrientes pese a que, según su entorno, nunca tuvo una oficina operativa en esa provincia, otro de los argumentos centrales para cuestionar la validez del proceso. En este contexto, la posible extradición de Rosa María González no solo reaviva el debate sobre quiénes fueron los verdaderos responsables de las estafas denunciadas. Además, podría convertirse en una pieza decisiva para intentar revertir el rumbo de una causa que, lejos de cerrarse, sigue sumando capítulos y tensiones jurídicas. Por último, la defensa de Leonardo Cositorto considera indispensable que se esclarezcan todas las responsabilidades para la justicia argentina.
