- La ministra de Seguridad difundió un video en la red social X celebrando cifras de inadmitidos y expulsados. Sin embargo, la Constitución Nacional ampara a extranjeros desde el preámbulo, y la expulsión por delitos se aplica en Argentina hace más de 170 años, mucho antes de la gestión libertaria.
La ministra de Seguridad de la Nación anunció a través de un video publicado en la red social X un récord de extranjeros inadmitidos y expulsados del país, en un mensaje que evocó el estilo comunicacional del expresidente estadounidense Donald Trump.
Alejandra Monteoliva presentó las cifras como un logro de la gestión de Javier Milei, pero omitió un dato histórico fundamental: la Argentina garantiza derechos a los extranjeros desde la Constitución Nacional de 1853, específicamente en su preámbulo, donde se establece «asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino».
RÉCORD DE EXTRANJEROS INADMITIDOS Y EXPULSADOS
— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) January 26, 2026
En diciembre y enero, casi 5.000 extranjeros no pudieron ingresar o fueron expulsados del país.
Más controles en fronteras, en puertos y aeropuertos. Las reglas son claras: el extranjero que viola la ley, se va; el que intenta… pic.twitter.com/BoKSS2x7OW
Este derecho constitucional, sin embargo, tiene un límite claro y antiguo: cuando el extranjero sin documentación en regla comete un delito, puede ser expulsado del territorio nacional. Esta política no es una innovación del gobierno libertario, sino una práctica que se viene aplicando en Argentina desde hace más de 170 años.
En el discurso oficial, la ministra presentó como novedad de la actual gestión lo que en realidad es una herramienta legal histórica del Estado argentino, utilizada por todos los gobiernos democráticos para garantizar la seguridad pública sin vulnerar los derechos que la Constitución otorga a quienes eligen nuestro suelo para vivir.
La comunicación de Monteoliva se enmarca en la estrategia discursiva del gobierno de Milei, que busca presentar medidas tradicionales como logros revolucionarios de su administración.







