Federico Sturzenegger finalizó la redacción del proyecto de «modernización» laboral que será tratado en sesiones extraordinarias durante diciembre. La iniciativa incluye modificaciones en ultra actividad, convenios colectivos, democracia sindical y financiamiento gremial, y se definió de espaldas a los reclamos de la CGT, que anticipó medidas de fuerza.
El Gobierno nacional completó la elaboración del proyecto de Reforma Laboral que será presentado en los próximos días en el Congreso Nacional, confirmaron fuentes oficiales. La iniciativa, que el oficialismo denomina «modernización» del sistema de relaciones laborales, será uno de los ejes centrales de las sesiones extraordinarias convocadas para diciembre y los primeros meses de 2025.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, concluyó el detalle técnico de la propuesta y lo giró al despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora Patricia Bullrich, flamante jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Estos tres funcionarios serán los encargados de coordinar la estrategia legislativa para garantizar el tratamiento y eventual aprobación del texto.
La letra de la reforma incluiría modificaciones sustanciales en temas sensibles como ultra actividad de los convenios colectivos, relación entre acuerdos de diferentes niveles, cargas fiscales sobre el empleo, financiamiento de sindicatos y cámaras empresarias, derechos colectivos, regulaciones del trabajo individual y autónomo, y democratización de las estructuras sindicales, entre otras derivaciones. El alcance de estos cambios genera expectativa tanto en el sector empresarial como en el sindical.
La definición del proyecto, que el Gobierno espera tratar durante diciembre en el marco del llamado a sesiones extraordinarias que irá desde el 10 al 31 de ese mes, con continuidad desde el 19 de enero hasta finales de febrero, se produjo en un contexto de alta tensión con la Confederación General del Trabajo (CGT). El rechazo explícito de la central obrera al contenido de la reforma quedó evidenciado en la postura de Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, quien anticipó medidas de fuerza. «No nos vamos a quedar de brazos cruzados», advirtió por los pasillos de Casa Rosada tras la fallida reunión del Consejo de Mayo del pasado miércoles.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo cerró el articulado con su impronta y de espaldas a los pedidos de la central sindical. En sentido opuesto, el titular de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, solicitó endurecer aún más el contenido de la norma, lo que refleja la polarización de posiciones entre trabajadores y empresarios respecto del alcance de los cambios propuestos.
Con los borradores listos, la Casa Rosada intensifica la búsqueda de apoyos legislativos. Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, articulan negociaciones con los gobernadores provinciales, mientras que Bullrich y Menem trabajan para asegurar los votos necesarios en ambas cámaras del Congreso. El desafío del oficialismo será conseguir los consensos suficientes para aprobar una reforma que promete ser uno de los debates más álgidos del verano legislativo.
