- Asambleas y organizaciones ambientales de Córdoba expresaron su alarma ante el intento del Poder Ejecutivo Nacional de modificar la Ley de Glaciares. La abogada María Laura Carrizo, coordinadora del área de ambiente de Fundeps, explicó que la iniciativa no es una reforma menor. Más bien, se trata de una alteración profunda del sistema constitucional de protección del agua dulce. Además, recordó la importancia de resguardar los derechos incluidos en la ley de glaciares.
La preocupación se extendió por organizaciones y asambleas de toda la provincia ante el avance del gobierno nacional sobre una norma considerada clave para la preservación del ambiente glaciar, principal reserva de agua dulce del país. «Lo que están intentando es modificar la ley de glaciares que fue sancionada hace ya varios años en un contexto de luchas sociales y con un fuerte impulso del sector científico», señaló Carrizo, quien advirtió que la propuesta implica «una alteración muy profunda de las reglas que resguardan el agua, un bien esencial para el sostenimiento y el desarrollo de muchas regiones del país«.
Uno de los cambios más polémicos de la iniciativa es la incorporación del concepto de propiedad «absoluta y exclusiva» de las provincias sobre los recursos naturales. Según la letrada, ese concepto no existía antes en el derecho vinculado a los bienes colectivos de la naturaleza. Además, el sistema vigente establece que la Nación debe fijar presupuestos mínimos de protección ambiental conforme a la Constitución Nacional. Las provincias no pueden retroceder sobre esos estándares. «Lo que se viene a quebrar es ese sistema de protección mínima», afirmó Carrizo, resaltando el peligro de modificar la ley de glaciares.
Un portón abierto para la megaminería
La reforma habilitaría a las provincias a disponer sobre el ambiente glaciar y periglaciar sin el respaldo científico o técnico necesario y bajo fuertes presiones económicas, especialmente en territorios atravesados por la megaminería. La preocupación se replica en asambleas y organizaciones de todo el país. En particular, preocupa en provincias cordilleranas como La Rioja, Tucumán, Salta, Mendoza, Río Negro y Chubut. En esas provincias, la actividad extractiva representa una amenaza directa sobre los ecosistemas glaciares. De este modo, el debate sobre Ley de Glaciares gana relevancia en la agenda pública.
Argentina en falta con el derecho internacional
Carrizo advirtió además que la propuesta vulnera compromisos internacionales asumidos por el país. «Esta modificación vulnera el sistema legislativo vigente y el derecho internacional, y abre la puerta a otras reformas que también impliquen violaciones de derechos», expresó. Aunque Córdoba no posee glaciares, la abogada subrayó que el ambiente no reconoce fronteras. Explicó: «Una afectación en la cordillera va a tener consecuencias a largo plazo para todos los argentinos e incluso para países vecinos». Cabe destacar que parte de esas obligaciones internacionales está directamente ligada a la ley de glaciares.
Desde Fundeps, la organización acompaña activamente la defensa ambiental en múltiples frentes, incluyendo el proceso judicial por el saneamiento de la cuenca del lago San Roque y el seguimiento del Acuerdo de Escazú. Ante el avance parlamentario de la iniciativa, Carrizo fue contundente: «Sería realmente grave que se apruebe una modificación con estas características porque rompe el sistema constitucional vigente de protección de los recursos naturales». Por cierto, la responsabilidad colectiva en la protección del agua tiene fuerte respaldo en la ley de glaciares.
