ESCÁNDALO EN ANDIS: SPAGNUOLO SE NEGÓ A DECLARAR ANTE EL JUEZ LIJO

• El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad compareció este martes en Comodoro Py pero ejerció su derecho a no declarar ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi. La megacausa investiga el presunto desvío de más de 75.000 millones de pesos a través de un esquema de compulsas direccionadas y cartelización en la compra de insumos médicos de alto costo. Este Escándalo en Andis ya involucra a 34 imputados. Además, el juez decretó la inhibición general de bienes.

Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se presentó este martes en los tribunales federales de Comodoro Py pero se negó a prestar declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi. La negativa a declarar, un derecho que la legislación argentina garantiza a todo imputado, no hizo más que profundizar la atención sobre una causa que sacude al organismo. Este caso involucra fondos que originalmente estaban destinados a asistir a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: las personas con discapacidad. Además, el Escándalo en Andis sigue generando consecuencias de gran relevancia nacional.

La Justicia federal investiga una megacausa por el presunto desvío de más de 75.000 millones de pesos ocurrido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. En el expediente se analizan supuestos delitos de sobreprecios, cartelización y desvío de recursos públicos que habrían tenido lugar durante la gestión del propio Spagnuolo al frente del organismo. La envergadura de los montos investigados y la cantidad de actores involucrados convierten a esta causa en una de las más significativas en materia de presunta corrupción en el Estado nacional en los últimos años. Por lo tanto, Escándalo en Andis es hoy uno de los principales focos de atención mediática y judicial.

Un sistema de compulsas dirigidas para favorecer a un grupo empresarial

Según la investigación del fiscal Picardi, se habría montado un sofisticado esquema de compulsas de precios direccionadas en el que un grupo de empresas vinculadas entre sí simulaban competir en licitaciones para quedarse con las adjudicaciones de manera predeterminada. Estas maniobras, posibles gracias a presuntos acuerdos indebidos con funcionarios del organismo, habrían beneficiado principalmente a un grupo empresarial específico en la compra de insumos médicos de alto costo. Precisamente, estos son los productos más sensibles para la población con discapacidad que ANDIS tiene la misión de asistir. Así, el Escándalo en Andis expone graves irregularidades en la contratación pública.

Ante la gravedad de los hechos investigados y con 34 imputados en la causa, el juez Lijo dispuso la inhibición general de bienes tanto para las personas físicas como para las empresas implicadas en el expediente. La medida apunta a garantizar la eventual recuperación de los activos en caso de que la investigación concluya con condenas. Además, marca la determinación del Poder Judicial de avanzar con firmeza en el esclarecimiento de los hechos. Además, el avance de la causa reafirma que el Escándalo en Andis tendrá impacto duradero en la gestión pública argentina. El cronograma de indagatorias continuará en los próximos días con otros exfuncionarios clave del organismo que también deberán presentarse ante la Justicia.

La causa deja al descubierto el costado más oscuro de la gestión de fondos públicos destinados a la discapacidad: recursos que debían llegar en forma de insumos médicos, prestaciones y asistencia a miles de personas en situación de vulnerabilidad habrían sido desviados a través de un entramado de sobreprecios y empresas cartelizadas. Mientras la investigación avanza y el expediente suma imputados, la pregunta que flota en el ambiente político y judicial es cuánto de ese dinero podrá recuperarse. Además, surge si las responsabilidades llegarán a todos los eslabones de la cadena.