Alerta en Córdoba: La reforma de la Ley de Zona Fría amenaza con disparar las tarifas de gas

• El próximo miércoles, el Congreso Nacional debatirá cambios clave en la normativa vigente. De avanzar el proyecto, más de 670.000 usuarios cordobeses perderían descuentos de hasta el 50% en sus facturas de gas, en un contexto de creciente vulnerabilidad económica.

El panorama energético en Argentina atraviesa una semana de definiciones críticas. Este miércoles, el Congreso Nacional pondrá bajo debate la reforma de la Ley de Zona Fría, una medida que ha generado una profunda preocupación en distintos sectores productivos y sociales. El proyecto oficialista busca modificar los alcances de este beneficio, lo que podría derivar en la exclusión de numerosas regiones que actualmente cuentan con tarifas diferenciadas debido a las bajas temperaturas climáticas.

En la provincia de Córdoba, el impacto sería particularmente severo. Según proyecciones legislativas, el fin de este régimen afectaría a 13 departamentos cordobeses que hoy están integrados al sistema de subsidios. Se estima que más de 670.000 ciudadanos verían modificada su situación arancelaria, perdiendo el beneficio que actualmente permite reducciones significativas en el costo final del servicio para los hogares e instituciones locales.

El impacto económico: aumentos de hasta el 50% en las boletas

La quita de estos subsidios no representa solo un cambio administrativo, sino un golpe directo al bolsillo de los sectores más desprotegidos. Actualmente, la Ley de Zona Fría contempla descuentos de entre el 30% y el 50% para jubilados, pensionados y sectores vulnerables. De eliminarse estos beneficios, las facturas de gas podrían experimentar incrementos reales de entre el 35% y el 50% de manera inmediata, dependiendo de la categoría y el consumo de cada usuario residencial.

A nivel nacional, el alcance de la reforma es masivo. El diputado Juan Brugge advirtió sobre la gravedad de la medida, calificando de «inhumano» el momento elegido para implementar un ajuste de esta magnitud. El legislador señaló que el recorte no se limita a Córdoba; en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el número de damnificados escalaría hasta los dos millones de usuarios, evidenciando una problemática de escala federal que afecta el acceso a un servicio esencial.

La incertidumbre crece a medida que se acerca la sesión parlamentaria, mientras diversas organizaciones civiles y representantes provinciales exigen que se mantenga el régimen actual. El debate en el Congreso será fundamental para definir si el Estado mantendrá la protección tarifaria para las zonas de climas adversos o si, por el contrario, se avanzará hacia un esquema de tarifas plenas que podría profundizar la crisis energética en los hogares argentinos.