Ajuste en Educación: El Gobierno recorta más de $78.000 millones y frena obras universitarias
- A través de la Decisión Administrativa 20/2026, el Poder Ejecutivo oficializó una poda masiva que afecta el Plan Nacional de Alfabetización, salarios docentes e infraestructura en trece universidades nacionales. Por consiguiente, este ajuste en Educación tendrá un impacto relevante en el futuro del sector.
El sistema educativo argentino enfrenta un nuevo escenario financiero tras la publicación de la Decisión Administrativa 20/2026. Mediante dicha decisión, el Gobierno nacional oficializó un recorte total de $78.768.179.759 en partidas de la Secretaría de Educación. Este ajuste presupuestario impacta directamente en programas troncales destinados a la calidad educativa y el sostenimiento edilicio. Por otro lado, profundiza la tensión entre las provincias y la administración central por el financiamiento de los servicios básicos de enseñanza.
El golpe más severo lo recibió el Plan Nacional de Alfabetización, que sufrió una quita de más de $35.000 millones. Esto afecta principalmente las transferencias directas a las jurisdicciones provinciales. A esto se suma la eliminación definitiva del Fondo de Compensación Salarial Docente. Esta herramienta de casi $9.000 millones se utilizaba para asistir a las provincias con menores recursos y garantizar un piso salarial unificado para los maestros en todo el país.
Universidades y empresas estatales: El impacto del ajuste
La reducción de fondos no se limitó a la educación básica. Además, la educación superior y la tecnología también perdieron terreno. La empresa estatal EDUC.AR S.A. sufrió una baja consolidada de $48.000 millones. Mientras tanto, las universidades nacionales se vieron afectadas por una poda de $5.303 millones en transferencias de capital. Este último recorte paraliza obras críticas de infraestructura del conocimiento en trece casas de estudio. Por ende, se ven afectados laboratorios y aulas necesarias para el desarrollo académico.
Entre las instituciones más perjudicadas por la medida figuran la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con una reducción de $1.043 millones, y las universidades de General San Martín y Avellaneda, con recortes de $700 millones cada una. Otras instituciones como Río Cuarto y Entre Ríos también reportaron bajas sensibles. Como resultado, se pone en duda la continuidad de proyectos edilicios que ya se encontraban en ejecución o licitación.
Finalmente, el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas registró una caída de más de $6.600 millones. Esta cifra incluye un recorte de $559 millones en becas estudiantiles. Con la oficialización de esta medida en el Boletín Oficial, el Gobierno reafirma su política de déficit cero. Sin embargo, el costo se traduce en una menor inversión en equipamiento escolar, conectividad y apoyo directo a los sectores más vulnerables del estudiantado nacional.
