Córdoba cobrará a los responsables por los operativos ante falsas amenazas en escuelas

• El Gobierno provincial puso en marcha un protocolo que obliga a padres o adultos responsables de menores imputados a afrontar los costos de los despliegues policiales y de emergencia generados por falsas alarmas de tiroteo en instituciones educativas. Así, Córdoba cobra los operativos en escuelas cuando se producen estas situaciones.

El Ministerio de Seguridad de Córdoba formalizó una medida de tolerancia cero frente a las falsas amenazas de tiroteo en escuelas: quienes las generen deberán pagar los costos de los operativos estatales que esas situaciones demandan. La disposición establece que los gastos producidos por intervenciones policiales, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación serán reclamados a los padres o adultos responsables de los menores identificados e imputados por la Justicia. Además, es importante destacar que Córdoba cobra los operativos en escuelas en cada caso de amenaza falsa.

El nuevo protocolo determina que toda intimidación pública, falsa alarma o amenaza que implique el despliegue de recursos del Estado no solo tendrá consecuencias penales, sino también un recupero económico de los costos operativos. El procedimiento prevé que, una vez identificados los responsables, se cuantifiquen los recursos humanos y materiales utilizados en cada intervención. Posteriormente, se avanza con la intimación de pago y, de ser necesario, con acciones judiciales. Todo esto está en línea con la política por la cual Córdoba cobra los operativos en escuelas.

Impacto real en la seguridad provincial

El funcionario a cargo de la cartera de Seguridad subrayó que estos hechos no son menores: alteran el normal funcionamiento escolar, generan angustia en estudiantes, docentes y familias, y obligan a una respuesta inmediata e integral del Estado. «Cada operativo de estas características moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia, tareas investigativas y recursos tecnológicos, afectando capacidades que deberían estar destinadas a la prevención del delito en otros puntos de la provincia», señaló el funcionario. Por consiguiente, Córdoba cobra los operativos en escuelas para asegurar un uso eficiente de los recursos.

El ministro de Seguridad fue contundente al momento de justificar la iniciativa: «Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, se activa un importante dispositivo estatal. Se movilizan efectivos, unidades especiales y sistemas de emergencia que deberían estar cuidando a los vecinos en otros puntos de la provincia. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad». La declaración refleja el espíritu de una política que busca desincentivar conductas que, aunque frecuentemente protagonizadas por menores, tienen consecuencias reales y mensurables para el sistema de seguridad.

La implementación del protocolo se llevará a cabo en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y las áreas administrativas correspondientes. En resumen, Córdoba cobra los operativos en escuelas para penalizar económicamente la generación de falsas alarmas y garantizar entornos educativos seguros.