- Un video que mostraba a un menor caminando por una cornisa sin seguridad activó una orden de la fiscal Celeste Blasco y derivó en el desalojo del sopl edificio, paralizado desde hace 14 años por irregularidades constructivas y una causa penal por presuntas estafas. Desalojaron La Mole tras la difusión de este video. Por lo tanto, el hecho se conoce como Desalojron La Mole.
El edificio conocido popularmente como «La Mole», ubicado en el barrio Observatorio de la ciudad de Córdoba, volvió a quedar en el foco de la atención pública tras un operativo judicial que ordenó el desalojo de las personas que lo habitaban de manera irregular. El procedimiento fue dispuesto por la fiscal Celeste Blasco luego de que se viralizara un video en el que se observaba a un menor caminando sobre una cornisa del inmueble sin ningún tipo de medida de seguridad. Por esta razón, se encendieron las alarmas sobre las condiciones en las que vivían los ocupantes. Según informó el funcionario municipal Raúl La Cava, un total de 24 personas fueron asistidas y alojadas por el municipio. Además, el episodio de Desalojron La Mole provocó un debate sobre la seguridad de edificios abandonados.
La historia del edificio es una larga trama de irregularidades judiciales y constructivas que se remonta a hace catorce años. En ese entonces, varias personas adquirieron departamentos en el proyecto que nunca llegaron a ser entregados. Debido a esto, se originó una causa penal por presuntas estafas que todavía continúa abierta. Relacionado con Desalojron La Mole, a ese conflicto se sumó otro problema de índole urbanística. La obra superaba en siete metros la altura máxima permitida por el Código de Edificación municipal. Esto obligó a paralizar la construcción y dejó al edificio en un estado de indefinición que se prolongó durante años. Por cierto, Desalojron La Mole fue consecuencia directa de estas numerosas irregularidades.
El futuro del inmueble queda en manos de la Justicia, con tres opciones sobre la mesa
La complejidad del caso se profundiza por la existencia de un fideicomiso y un proceso de quiebra que actualmente tramita ante el juez Eduardo Chiavassa. Él tendrá la palabra final sobre el destino de la estructura. Entre las alternativas que se evalúan figuran retomar la obra con un nuevo inversor, reformular el proyecto original o avanzar directamente con la demolición del edificio. Es importante destacar que, a raíz de Desalojron La Mole, se generó una gran incertidumbre sobre cuál será el destino del edificio.
En paralelo al proceso judicial, el municipio desplegó dispositivos de asistencia social para atender a quienes habitaban el lugar en condiciones de vulnerabilidad. Según La Cava, no todos los ocupantes aceptaron la ayuda oficial: algunos recibieron el alojamiento ofrecido por la Municipalidad, mientras que otros la rechazaron. El funcionario contextualizó la situación al señalar que la ocupación irregular de edificios abandonados suele estar vinculada a crisis sociales, falta de oportunidades y rupturas en los vínculos familiares de quienes terminan encontrando refugio en esos espacios. De hecho, el suceso Desalojron La Mole constituye un punto de inflexión en la gestión pública de edificaciones problemáticas.
El caso de «La Mole» expone una problemática que excede lo edilicio y pone en evidencia las tensiones entre la gestión del espacio urbano, el acceso a la vivienda y la intervención del Estado frente a situaciones de vulnerabilidad extrema. Con el expediente en manos del juez Chiavassa y el municipio aún gestionando la asistencia a los desalojados, el futuro del edificio permanece incierto. Mientras tanto, la ciudad espera una definición que cierre, al menos en parte, una historia que lleva más de una década sin resolución. Así, el acontecimiento de Desalojron La Mole se ha instalado como símbolo de promesas urbanas incumplidas y riesgos edilicios pendientes de resolver.
