- La doctora María José Lescano, presidenta de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, dialogó con Radio 10 sobre el debate de la reforma del régimen penal juvenil. Cuestionó que se presente la baja de edad como una solución mágica y reclamó un abordaje integral que incluya educación y prevención.
La jueza de Garantías del Joven en La Plata, María José Lescano, alertó en diálogo con Radio 10 que bajar la edad de imputabilidad por sí sola no es una respuesta efectiva al problema de la delincuencia juvenil. La magistrada y presidenta de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires señaló que «hablar de subir y bajar la imputabilidad como si fuese un eslogan y encontrar ahí el nudo de todos los problemas es un error», y advirtió que se necesita un debate serio que trascienda las posturas ideológicas.
Lescano reconoció que Argentina debe actualizar su legislación, ya que la ley vigente es de la época de la dictadura y no se adapta a la Convención de los Derechos del Niño, tratado de derechos humanos con jerarquía constitucional. «El país está en deuda con la comunidad internacional y es una buena oportunidad para que todos los sectores puedan sentarse a dialogar cómo quieren diseñar el régimen penal juvenil», sostuvo. Sin embargo, fue enfática al reclamar que el sistema penal no puede funcionar de manera aislada y debe articularse con políticas públicas de infancia a nivel nacional, provincial y municipal.
«Lo aconsejable es que el Estado pueda actuar con medidas preventivas y con políticas eficaces y que realmente la intervención penal sea la última instancia», explicó la jueza, quien puso como ejemplo situaciones cotidianas en los tribunales: «Voy a una audiencia con jóvenes que dicen estar en tercer año de secundario y no saben leer ni escribir, entonces, ¿cómo pueden comprender sus acciones conforme al mensaje normativo si no pueden leer ni escribir?». Lescano insistió en que se debe abordar el abandono escolar, el consumo de estupefacientes y las situaciones de violencia como ejes fundamentales de la prevención.
La magistrada rechazó categóricamente el lema «delito de adultos, pena de adultos» que impulsa el Gobierno nacional. «Eso es inconstitucional. La Convención de los Derechos del Niño dice que la respuesta debe ser diferenciada, debe trabajarse la responsabilidad que asuma las consecuencias de sus actos pero de manera diferenciada a los adultos», subrayó. Además, destacó el éxito de los programas de justicia restaurativa vigentes, que permiten a los adolescentes reconciliarse con las víctimas y reparar el daño causado, evitando el puro encierro para delitos menos graves.
Consultada sobre las garantías de un debate serio en el actual contexto político, Lescano se mostró moderadamente optimista: «Es la primera vez que veo que se está debatiendo, tenemos que estar abiertos al debate y a los acuerdos». Sin embargo, advirtió que si se baja la edad de imputabilidad «para prever penas en expectativa de 15 años a un chico de 14, es decir, va a ser una pena que es más larga que toda su vida». La jueza concluyó que «si se busca dar sensación de seguridad a través de esta reforma, eso no se va a lograr«, y llamó a un abordaje técnico con especialistas que privilegie la reinserción por sobre el castigo.
